Internet como motor del crecimiento económico y del empleo (IV)

En entradas anteriores poníamos en valor el papel de la Economía Digital e Internet en el desarrollo económico de los próximos años y asegurábamos que es ahora cuando las política públicas tienen que apostar por el desarrollo del Sector, sino queremos quedarnos atrás en el nuevo escenario digital que está cambiando todos los indicadores de la Economía mundial. Ver entradas: Internet como motor del crecimiento económico y del empleo (I), Internet como motor del crecimiento económico y del empleo (II) e Internet como motor del crecimiento económico y del empleo (III).

En relación al desarrollo de la e-Administración y la extensión de la tan necesaria transparencia en el Sector Público el Informe considera que la administración electrónica sigue siendo una de las prioridades estratégicas para los países de la OCDE que ya vienen desarrollando planes de impulso del e-government. Esa prioridad tiene dos claros objetivos: en el contexto de presión fiscal y ausencia de fondos públicos en el que nos encontramos, los gobiernos están obligados a utilizar en mayor medida las nuevas tecnologías para prestar un servicio más eficiente a los ciudadanos. Pero, a la vez, precisan también de las nuevas tecnologías para optimizar los resultados de los programas de reformas que cada uno de ellos está llevando a cabo. En definitiva, se trata de asegurar la prestación de un mejor y más eficiente servicio público, así como la ejecución de las correspondientes políticas públicas.

En esta misma línea, la transparencia de los gobiernos en estas circunstancias es especialmente importante para ganar la confianza de los ciudadanos.

Un ejemplo en este sentido lo encontramos en Japón que ha hecho público un plan denominado “Nuevas estrategias en tecnologías de la información y comunicación” en el que uno de sus principales objetivos es potenciar la transparencia, otorgando, en ese aspecto, la soberanía a los propios ciudadanos. Austria ha creado un centro de innovación en e-government que está haciendo posible que muchos de los trámites que han de acometer los ciudadanos en su relación con la Administración se puedan llevar a cabo a través de Internet. En una línea parecida están trabajando Finlandia o Dinamarca. En este último país, el 81% de la población ha utilizado Internet en los últimos doce meses para interactuar con las Administraciones Públicas, porcentaje que asciende al 91% si hablamos de las empresas.

Otros países también han establecido portales de Internet centralizados para mejorar la relación Administración-ciudadano. Tal es el caso de Luxemburgo, México, Noruega, Portugal o Reino Unido. E incluso muchos de ellos, sabiendo que Internet se utiliza cada vez más desde el móvil, centran sus esfuerzos en fomentar la interacción entre los ciudadanos y la Administración a través de los dispositivos móviles, lo que se denomina m-government que, además, incluye nuevos servicios vinculados a información legal, salud, educación, empleo, transporte y seguridad pública.

Dentro de esa apuesta se incluye el Open Data. La transparencia y el fomento del Open Data por parte de las Administraciones Públicas trae consigo innumerables beneficios para ciudadanos y empresas. Sólo en el ámbito de la Unión Europea, se estima que el Open Data podría llevar aparejado unos beneficios directos e indirectos de 140.000-180.000 millones de euros anuales, al permitir a las empresas desarrollar nuevas aplicaciones y servicios basados en esta información pública.

La información pública disponible es enorme e incluye mapas, meteorología, información catastral, información financiera, legal, económica y otros datos. La mayor parte de esos datos podrían ser reutilizados o integrados en futuros productos o servicios utilizados por los usuarios. En Europa ya se trabaja en apoyar iniciativas en ese sentido. Incluso datos sobre salud o medioambiente pueden estar disponibles desde fuentes públicas para uso ciudadano y abierto. Estonia ya trabaja en un plan para asegurar que toda su información pública esté disponible y accesible en estándares abiertos.

Finlandia aprobó una resolución el pasado año en una línea similar y, en Francia, el Gobierno ha lanzado un proyecto piloto destinado a recoger en un website buena parte de la información pública disponible sobre 350.000 temas diferentes; desde el presupuesto nacional hasta información geográfica o información que se recoge en los aeropuertos. Alemania ha creado un site que permite a los ciudadanos chequear los índices de polución de zonas industriales. Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos trabajan en esa misma línea, en materia de Open Data y Open Government.

En Dinamarca, por ejemplo, un acuerdo de 2002 entre el Ministerio de Hacienda y las Municipalidades, establecía la gratuidad de los datos públicos (Data Access to Public Data). Los beneficios financieros directos del acuerdo ascendieron a cerca de 62 millones de euros, mientras que los costes sólo alcanzaban unos 14 millones de euros. Por su parte, países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda han puesto en marcha iniciativas de Gobierno Abierto a través de planes estratégicos. Ejemplos prácticos son el data.gov.us o el usasearch.gov, el Government datasets online, data.govt.nz; que opera como la única plataforma gubernamental destinada a publicar de manera centralizada los datos, sirviendo como punto principal donde discutir y vincular los mismos.

Otro ejemplo en esta misma línea, es el plan del Gobierno británico Putting the Fronline First: Smarter Government de 2009, que sitúa el Gobierno Abierto como prioridad en la actividad y estrategia gubernamental. Este plan adopta las nuevas tecnologías como vehículo para informar mejor al público, dar a los ciudadanos nuevos derechos a la información, reducir trámites burocráticos y proporcionar un servicio más rentable. Otro buen ejemplo de cómo poner a disposición del público la información disponible, permitiendo su reutilización, es Europeana, que reúne obra escrita y artística, así como fotografías, grabaciones, películas, etc. de más de 2.200 instituciones del ámbito europeo.

En definitiva, y en línea con lo indicado en apartados anteriores, la Administración Pública debe asumir que su función no es ofrecer conectividad con el riesgo de expulsar al sector privado (efecto crowding out), sino que la Administración Pública debe actuar como un “early adopter” de las nuevas tecnologías, para generar confianza y utilizar su capacidad tractora y prescriptora para influir en la adopción de las nuevas tecnologías en ciudadanos y empresas. Asimismo, la Administración Pública debe desempeñar un importante rol de facilitador en un doble plano: a través de la auto-adopción de las nuevas tecnologías para racionalizar y modernizar sus procesos internos (extendiéndose posteriormente a los procedimientos, servicios y herramientas online) y mediante incentivos a la adopción de nuevas tecnologías por parte de ciudadanos y empresas, a través de los correspondientes mecanismos de financiación (los cuales no tienen que pasar obligatoriamente por la modalidad de subvención, sino que pueden ser tasas administrativas más reducidas para los servicios públicos online, que tienen menor coste de provisión).

Todo ello sin perjuicio del ahorro de costes que llevaría aparejado para la Administración Pública. Según estimaciones del Deutsche Bank, el volcado de los procesos offline a online podría ahorrar entre 10.000 y 15.000 millones de euros al año a la Unión Europea en costes operacionales y entre 40.000-60.000 millones de euros como resultado de la reducción en el precio alcanzado a través de licitaciones competitivas mediante subastas electrónicas.

Otro ejemplo es el de Corea, que si bien ha asumido importantes costes para convertir los procesos públicos a online, creando oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, al reducir las barreras administrativas con las que se encuentra ahora, ahorra más de 6.000 millones de dólares para los gobiernos y para los proveedores que participan con más de 50.000 millones en actividades anuales de adquisiciones. El sistema permite una correspondencia eficaz entre las más de 41.000 entidades públicas y los 191.000 proveedores registrados.

Entre las propuestas del Informe, destaca:

  1. Poner a disposición ciudadana la información pública es un primer paso para la aparición de nuevos servicios y modelos de negocio y garantizar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos en todas las instancias de la Administración Pública, en cuanto a ofrecer servicios online a los ciudadanos y empresas (excluyendo la oferta de conectividad).
  2. Desarrollar herramientas que garanticen la homogeneidad en el tipo de información que se presta, así como en la forma de suministrar los datos, permitiría avanzar en términos de interoperabilidad y de comparabilidad de los mismos, lo que motivaría al conjunto de las Administraciones Públicas a ser más eficientes. Por este motivo, resulta muy conveniente el desarrollo total del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad.
  3. Simplificar los procesos y trámites a través de los servicios e-government permite a ciudadanos y empresas ahorrar tiempo y recursos a la hora de realizar gestiones. En la misma línea, tener una política centralizada de compras transparente y pública posibilitará también ahorro de costes para la Administración.
  4. Introducir el uso intensivo de las TIC en sectores clave como Sanidad, Educación y Justicia.
  5. Facilitar la incorporación de los gestores públicos en el uso de las nuevas tecnologías y de los servicios digitales, animando a las distintas Administraciones a operar en la nube para facilitar la colaboración interdepartamental y el teletrabajo.
  6. Unificar y premiar el uso de los canales digitales para interactuar con la Administración a través de reducciones simbólicas en el precio de tasas o garantizando un plazo de resolución menor por parte de los poderes públicos cuando se hace uso de la firma digital, son algunas medidas de bajo coste que redundarían en grandes beneficios.

Conclusiones

Las conclusiones del Informe dicen que el grado de disponibilidad de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas en España es satisfactorio y el gran reto es aumentar su uso, para lo cual se necesitan acciones decididas de estímulo de la demanda.

En definitiva, Internet es hoy una herramienta inigualable para potenciar el crecimiento económico, incrementar la productividad de las empresas, fomentar las exportaciones y generar una considerable creación de empleo. Esto significa que Internet es, sin duda, una de las principales palancas que es preciso activar para acelerar la esperada recuperación económica.

Aunque en nuestro país comienza a vislumbrarse el impacto que Internet tiene en nuestra economía, bien es verdad que su alcance es mucho menor que los que experimentan los principales países de nuestro entorno.

España no debe tener más dificultades que otros países para poner en marcha las facilidades de la nueva Sociedad Digital.

Obviar una herramienta como Internet con resultados contrastados y medibles en otros países supondría perder una oportunidad histórica con consecuencias irremediables no sólo para acelerar la recuperación económica sino para convertirnos en un país competitivo con respecto a los demás países de nuestro entorno, debiendo ser nuestra aspiración como país, entrar de pleno derecho en la nueva economía digital.

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