La Comisión Europea propone una reforma general de las normas de protección de datos

La Comisión Europea ha propuesto una reforma general de las normas de protección de datos con el objeto de ampliar los derechos a la privacidad en línea e impulsar la economía digital europea. Según la Comisión, el progreso tecnológico y la globalización han modificado profundamente las vías de obtención, acceso y utilización de los datos. Además, los 27 Estados miembros de la Unión Europea han aplicado las normas desde 1995 de manera diferente, lo que ha creado divergencias en cuanto a su ejecución y cumplimiento.

La Comisión quiere, mediante un único acto legislativo, suprimir la fragmentación y las costosas cargas administrativas actuales, lo que generará un ahorro de unos 2300 millones de Euros anuales. Esta iniciativa contribuirá a reforzar la confianza de los consumidores en los servicios en línea y, con ello, otorgará un impulso muy necesario al crecimiento, la creación de empleo y la innovación en Europa.

Sin duda la armonización de las normas y las leyes en todo Europa, contribuirá a la supresión de las desventajas actuales, en limitar las  dificultades para el desarrollo de negocios y la perdida de competitividad de las empresas ubicadas en países, como España, donde la protección a los derechos personales esta mucho más regulada que en otros.

Las propuestas de la Comisión actualizan y modernizan los principios consagrados en la Directiva sobre protección de datos de 1995 con el fin de preservar los derechos a la privacidad en el futuro. Constan de una Comunicación en la que se exponen los objetivos de la Comisión y dos propuestas legislativas: un Reglamento que establece un marco general de la UE para la protección de datos y una Directiva sobre la protección de los datos personales tratados con fines de prevención, detección, investigación o persecución de delitos y en relación con las actividades judiciales correspondientes.

Los cambios esenciales introducidos por la reforma son los siguientes:
•    Se impondrá un conjunto único de normas sobre protección de datos válido en toda la Unión Europea y se eliminarán requisitos administrativos innecesarios como los requisitos de notificación para las empresas. Esto les supondrá un ahorro cercano a 2300 millones Euros anuales.
•    En lugar de la disposición actual que obliga a todas las empresas a notificar todas las actividades de protección de datos a los supervisores de protección de datos (requisito que ha generado a las empresas trámites y costes por un valor de 130 millones Euros anuales) el Reglamento intensifica la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de todos aquellos que procesen datos personales.
•    Por ejemplo, las empresas y organizaciones deberán notificar a la autoridad nacional de control toda violación de datos grave lo antes posible (siempre que sea posible en un plazo de 24 horas).
•    Las organizaciones tendrán como interlocutora única a una autoridad nacional de protección de datos en el país de la Unión Europea donde tengan su sede. Del mismo modo, los ciudadanos podrán dirigirse a la autoridad de protección de datos de su país, incluso cuando sus datos sean tratados por una empresa ubicada fuera de la Unión Europea. Siempre que el tratamiento de los datos exija el consentimiento del interesado, deberá dejarse claro que dicho consentimiento debe obtenerse explícitamente y no presuponerse.
•    Los ciudadanos tendrán un acceso más fácil a sus propios datos y deberán poder transferir sus datos personales de un proveedor de servicios a otro con mayor facilidad (el derecho a la «portabilidad de los datos»), lo que aumentará la competencia entre servicios.
•    El «derecho al olvido» ayudará a los ciudadanos a gestionar mejor los riesgos inherentes a la protección de los datos en línea: los usuarios podrán borrar sus datos cuando no existan razones legítimas para conservarlos.
•    Deberán aplicarse las normas de la Unión Europea a toda empresa activa en el mercado de la UE que ofrezca sus servicios a ciudadanos de la Unión y procese datos personales en terceros países.
•    Se proporcionarán refuerzos a las autoridades nacionales independientes de protección de datos para que efectúen una mejor aplicación de las normas de la UE en su territorio. En efecto, tendrán la potestad de multar a las empresas que quebranten las normas de protección de datos de la Unión Europea. Este tipo de sanciones puede representar hasta 1 millón Euros o un 2 % del volumen de negocios anual global de una empresa.
•    Una nueva Directiva aplicará ciertos principios y normas generales de protección de datos a la cooperación policial y judicial en materia penal. Esas reglas se aplicarán a las transmisiones de datos nacionales e internacionales.

Las propuestas de la Comisión Europea entran ahora en la fase de discusión ante el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea (a través del Consejo de Ministros). Entrarán en vigor dos años después de su adopción.

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