La aplicación del canon a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no es conforme con el Derecho de la Unión

Durante los últimos años he dedicado diferentes entradas al problema del canon digital en España, en una de ellas de Marzo de 2007: Por un canon digital sostenible, comentaba: Es injusto al no discriminar entre el uso que hacen de los productos TIC los usuarios, provocando que tanto particulares como empresas se vean gravados por la utilización de dispositivos y soportes para actividades distintas a la copia privada: almacenar datos, realizar copias de seguridad, guardar fotografías o vídeos particulares, etc. Varias son las entradas en este blog que dejan claro mi postura acerca del canon digital.

Para centrar todo lo que se ha comentado y publicado estos días sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, me limitaré en los siguientes párrafos a reproducir la explicación sobre la sentencia de la Oficina de prensa del mismo Tribunal:

A tenor de la Directiva relativa a los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, (Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10)). el derecho exclusivo de reproducción del material sonoro, visual o audiovisual corresponde a los autores, artistas intérpretes y productores. No obstante, los Estados miembros pueden autorizar la realización de copias privadas a condición de que los titulares del derecho reciban una «compensación equitativa». Ésta debe contribuir a que los titulares de los derechos perciban una retribución adecuada por la utilización de sus obras o prestaciones protegidas.

La normativa española que adaptó el Derecho interno a la Directiva permite la reproducción de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente. En este marco, los fabricantes, importadores o distribuidores deben abonar a las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual una compensación única, determinada para cada medio de reproducción, bajo la forma de «canon por copia privada».

La Audiencia Provincial de Barcelona, que conoce de un recurso sobre el canon, pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esencia, cuáles son los criterios que han de tenerse en cuenta para determinar el importe y el sistema de percepción de la «compensación equitativa».

Ciertamente, por un lado, el perjuicio derivado de cada utilización privada, considerada individualmente, puede resultar mínimo y no dar origen a una obligación de pago y, por otro, pueden presentarse dificultades prácticas para identificar a los usuarios privados y obligarles a indemnizar a los titulares de los derechos. Dadas las circunstancias, los Estados miembros tienen la facultad de establecer un «canon por copia privada» que grava a las personas que disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital. En efecto, la actividad de dichas personas -consistente en la puesta a disposición de equipos, aparatos y soportes de reproducción a favor de usuarios privados o la prestación a éstos de un servicio de reproducción- constituye la premisa fáctica necesaria para que las personas físicas puedan obtener copias privadas. Por otro lado, nada impide que el importe del canon se repercuta en el precio de los soportes de reproducción o en el del servicio de reproducción, de modo que, en definitiva, los usuarios privados asumen la carga y se respetan los requisitos del «justo equilibrio». Por tanto, según el Tribunal, cabe aplicar el canon a dichos soportes cuando éstos puedan ser utilizados por personas físicas para su uso privado.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia declara que un sistema de «canon por copia privada» sólo es compatible con dicho «justo equilibrio» en caso de que los equipos, aparatos y soportes de reproducción en cuestión puedan utilizarse para realizar copias privadas y, por lo tanto, puedan causar un perjuicio a los autores de obras protegidas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que existe una necesaria vinculación entre la aplicación del «canon por copia privada» y la utilización para realizar reproducciones privadas.

Por consiguiente, la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la Directiva.

En cambio, una vez que los equipos en cuestión se han puesto a disposición de personas físicas para fines privados, no es necesario verificar en modo alguno que éstas hayan realizado efectivamente copias privadas ni que, por lo tanto, hayan causado efectivamente un perjuicio a los autores de obras protegidas. Se presume legítimamente que dichas personas físicas se benefician íntegramente de tal puesta a disposición, es decir, se supone que explotan plenamente las funciones de que están dotados los equipos, incluida la de reproducción. Así pues, la mera capacidad de dichos equipos o aparatos para realizar copias basta para justificar la aplicación del canon por copia privada, siempre y cuando dichos equipos o aparatos se hayan puesto a disposición de personas físicas en condición de usuarios privados.

El texto íntegro puede obtenerse en este enlace.

Desde Asimelec hemos hecho pública la opinión de la Industria sobre la sentencia: Va a ser necesario cambiar la normativa española que define actualmente el modelo de canon digital para adecuarlo a la legislación europea. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ratifica en su totalidad las tesis que ha venido defendiendo la asociación sobre el modelo de canon digital ya que este sólo debería gravar los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital que se vayan a destinar a la realización de copias privadas y no a todos aquellos con esa capacidad, de manera discriminada.

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