La Comisión Europea exige a España que suprima la tasa a los operadores de telecomunicaciones para la RTVE

La Comisión Europea ha decidido exigir a Francia y España que supriman las tasas específicas sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones impuestas cuando los Estados miembros interesados decidieron poner fin a la publicidad de pago en los canales de televisión públicos, en el caso de España para RTVE. Ya en entradas anteriores habíamos alertado sobre la dudosa legalidad de esta tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones, el 0,9% del total de la facturación, para financiar la televisión pública y el error de los que promovieron esta tasa en el seno del Gobierno. Ver entrada anterior: ¿Debe el Sector de las Telecomunicaciones financiar la Televisión Pública?

La Comisión considera que estos impuestos sobre las telecomunicaciones son incompatibles con las normas de la Unión Europea en materia de telecomunicaciones, que disponen que las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones estén relacionadas específica y directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones. Los requerimientos se hacen en forma de dictámenes motivados con arreglo a los procedimientos de la Unión, en caso de infracción. Francia y España disponen ahora de dos meses para notificar a la Comisión las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a las normas de la Unión Europea sobre las telecomunicaciones. De no hacerlo, la Comisión puede llevar a estos países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión cree que las tasas impuestas por Francia y España al efecto de compensar la pérdida de ingresos en concepto de publicidad de pago en los canales de televisión públicos son incompatibles con las normas de la Unión Europea en materia de telecomunicaciones. De conformidad con esas normas (en especial, el artículo 12 de la Directiva relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, se pueden imponer tasas a los operadores de telecomunicaciones únicamente para sufragar determinados costes administrativos y reglamentarios (principalmente las autorizaciones y las funciones de reglamentación) y las tasas deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. Por otra parte, las partes interesadas también deben ser consultadas adecuadamente sobre cualquier modificación de las tasas cobradas a los operadores de telecomunicaciones.

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