II Curso de Verano Asimelec-UPM “La Convergencia Digital” (III)

Angel García Castillejo, consejero de la CMT propone “un canon ciudadano para financiar la televisión pública en España”

En el inicio de la II Jornada del Curso de Verano “La Convergencia Digital. La Sociedad Digital en el Desarrollo de la Economía Sostenible”, comente que acogía con  prudente satisfacción la presumible decisión de Bruselas de impedir que prospere la tasa a las compañías de telecomunicaciones para financiar el ente público RTVE. “Al parecer Bruselas va a parar esa decisión la próxima semana, es una injusticia que obligen a las empresas de telecomunicaciones a financiar RTVE, con el 0,9% del total de los ingresos. Ya habiamos comentado que la medida no era legal y se van confirmando esa impresión”.

Señale que esta decisión obliga a “buscar una solución definitiva para financiar RTVE, como la hay en otros países. Las telecos tienen ya una fiscalidad muy alta, y encima se las grava más al tener que contribuir a financiar la televisión pública”.

En ese sentido, el consejero de la CMT, Angel García Castillejo, que acabada de concluir su ponencia: Los contenidos Digitales, el papel del regulador, señalo que: “Solo hay una alternativa. Hay un plan B, que ya propuso el consejo independiente, el comité de sabios, que constituyó el Gobierno para estudiar el futuro de RTVE. En sus conclusiones, el Comité ofrecía como alternativa al modelo mixto de financiación (vía subvención e ingresos comerciales) un canon para el mantenimiento de la TVE”.

“Creo –añadio García Castillejo– que ha llegado el momento de que los ciudadanos asumamos el pago de este canon para el mantenimiento de la TV pública. En mi opinión, el gobierno tiene una fantástica oportunidad en la tramitación de la LES para asumir las recomendaciones del comité de sabios y acogerse a este plan B y ganar en progresividad: quela televisión pública se financie vía presupuestos y el resto con un canon que paguen los ciudadanos”.

La Comisión Europea prepara un expediente sancionador al Gobierno español por haber impuesto una tasa a las compañías de telecomunicaciones para financiar el ente público RTVE. La decisión de Bruselas paraliza la normativa española que pretendía que las operadoras aportasen el 0,9% de sus ingresos brutos anuales totales a la financiación de la televisión pública, lo que presumiblemente va en contra de la legislación europea sobre telecomuni­caciones

Si se confirma la decisión de la Comisión Europea, el Gobierno español tendrá un plazo de dos meses para presentar alegaciones. Si éstas no prosperan, deberá devolver los ingresos recibidos de manera “ilegal”.

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