El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Tras más de dos años de elaboración y varias versiones de este proyecto de Ley, por fin el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una nueva normativa que sustituirá a la anterior ley de la ciencia de 1986. He tenido la oportunidad de participar en los debates previos hasta llegar a esta versión definitiva del proyecto de Ley. Uno de los avances más importantes es el haber incluido entre sus objetivos la coordinación de la innovación, incluso el titulo de la Ley incorpora la innovación a diferencia de los primeros borradores de este texto. En resumen, creo que el texto es positivo y un avance importante, que unido a las medidas previstas en la Ley de Economía Sostenible, es un paso para modernizar el sistema del I+D+i en nuestro país.

El proyecto adapta la legislación al gran progreso experimentado por el sistema científico español en los últimos años, adaptará el sistema de ciencia y tecnología a las circunstancias actuales de España, con un volumen mucho mayor de investigadores, seis veces más que en 1986, de fondos dedicados a la I+D+i, catorce veces más que en 1986, y con un país condicionado por dos nuevas realidades: el desarrollo de las autonomías y la adhesión a la Unión Europea.

El texto definitivo no se conoce todavía, pero espero que incluya en la última versión, muchas de las sugerencias que hemos trasladado al Gobierno los diferentes agentes sociales.

Según la nota del Consejo de Ministros, el texto, aprobado hoy  responde  a cuatro grandes retos:

1.- El diseño de una carrera científica basada en méritos, estable y previsible que permita retener y atraer talento científico. La Ley incluye un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá, cumpliendo criterios de excelencia, incorporarse al sistema público de I+D. Además, se recoge la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado, algo que muy pocos países contemplan. El texto aprobado hoy reconoce también específicamente la figura del  personal técnico que trabaja en los organismos Públicos de investigación de la Administración General del Estado.

2.- Un sistema de I+D más eficiente y eficaz con la creación de una Agencia de financiación que dotará de mayor autonomía flexibilidad y agilidad a la actividad científica y al mismo tiempo garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.

3.- La normativa también responde al  necesario cambio de modelo productivo abordando diferentes aspectos previstos en la Estrategia Estatal de Innovación e incorpora novedades en el ámbito de la cooperación público privada con fines científicos y tecnológicos y en los mecanismos de transferencia del conocimiento al sector productivo profundizando y complementando lo  previsto ya en la Ley de Economía Sostenible.

4.- Por último, la Ley establece  mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas  administraciones, definiendo un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica. Se trata así de maximizar la producción científica de todos los sistemas de I+D, evitando duplicidades.

Además, se incluyen las medidas que deberán adoptar los agentes de financiación para promocionar los centros y unidades de excelencia. Se trata de avanzar en un modelo que capaz de incentivar a los grupos de investigadores con mejores resultados científicos.

La Ley también apuesta por un aspecto esencial, la difusión universal del conocimiento científico y su apertura a la sociedad, recogiendo medidas importantes en materia de cultura científica y tecnológica. . El proyecto contempla que las administraciones públicas tengan, por ley, el deber de fomentar actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia. Por otra parte, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica incluirá medidas para fomentar la divulgación científica y tecnológica y de la actividad de museos y planetarios además de contemplar la protección del patrimonio científico y tecnológico histórico.

Por otra parte, la futura ley creará el Comité Español de Ética de la Investigación, un órgano que se ocupará de la ética profesional en la investigación científica y técnica y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas. En éste último punto podrá establecer los principios generales para elaborar códigos de buenas prácticas en la investigación.

Otra de las intenciones de la ley es mejorar una de las carencias del sistema español de I+D+i: la cooperación entre agentes públicos y privados. La Ley prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración que permitirán la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, creación o financiación de centros, formación de personal, acciones de divulgación y uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales.

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