La Comisión Europea pide a España información sobre la tasa a las telecos para financiar la televisión pública

La Comisión Europea ha decidido la apertura de un segundo expediente contra España por la tasa que se impuso a las operadoras de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española, RTVE, y envía una solicitud oficial de información acerca de esta tasa.

A la Comisión le preocupa que esta tasa administrativa, basada en una tasa del 0,9 % de los ingresos brutos facturados por los operadores de telecomunicaciones que figuren inscritos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para compensar la pérdida de ingresos de publicidad en los canales de la televisión pública, pueda ser incompatible con el Derecho de la Unión Europea, porque no parece estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria. La Comisión formula su postura en forma de escrito de requerimiento con arreglo al procedimiento de infracción de la Unión Europea (artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión). El Gobierno dispone de dos meses para contestar.

La Comisión afirma: Según las normas sobre telecomunicaciones de la Unión Europea (Directiva de autorización – 2002/20/CE), las tasas cobradas a los operadores de telecomunicaciones solo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación (principalmente las autorizaciones y las tareas de regulación) y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas. A la Comisión le preocupa el hecho de que la nueva tasa podría incumplir estas condiciones. La legislación española sobre la financiación de RTVE y, en especial, la aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones no parece ajustarse a estas disposiciones.

Esta decisión confirma la opinión del Sector de la imposición de esta tasa era incompatible con las normas de la Unión Europea. Esta tasa penaliza gravemente a un sector que crea riqueza y empleo para el país y que es fundamental para el desarrollo económico y el cambio de modelo económico que España. Perjudica al desarrollo de la Sociedad de la Información y puede afectar las inversiones en nuevas redes y servicios.

Decíamos en el momento de la promulgación de la Ley que era todo un despropósito, era injusta y su tramitación, con carácter de urgencia y sin escuchar al sector, era un procedimiento totalmente equivocado y fuera de las normas habituales en la elaboración de leyes de este tipo.

Ver entrada anterior: ¿Debe el Sector de las Telecomunicaciones financiar la Televisión Pública?.

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