La Comisión Europea abre una investigación sobre el nuevo sistema fiscal de financiación de RTVE

La Comisión Europea ha abierto una investigación formal de conformidad con las normas relativas a las ayudas estatales de la Unión Europea sobre el nuevo sistema fiscal de financiación del ente público español RTVE. Ver entrada anterior sobre este tema: ¿Debe el Sector de las Telecomunicaciones financiar la Televisión Pública?.

La ley aprobada sobre financiación de RTVE, ha modificado el sistema de radiodifusión pública suprimiendo la publicidad y otras actividades comerciales del ente público y sustituir esta fuente de ingresos por unos gravámenes de reciente creación aplicables a los operadores de televisión y telecomunicaciones. La Comisión Europea no se opone a la modificación del sistema de financiación como tal, pero tiene dudas sobre la compatibilidad del nuevo impuesto con la normativa de la Unión Europea en la materia. Más concretamente, la Comisión pone en duda que los nuevos gravámenes se atengan a las normas de la Unión Europea sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas. La apertura de una investigación formal permite a la Comisión examinar las medidas más atentamente y ofrece a los terceros interesados la posibilidad de presentar sus observaciones, sin prejuzgar el resultado del procedimiento.

La Ley establece que la emisión de publicidad, los servicios de televenta, la comercialización y los programas de acceso condicional en RTVE se interrumpirán con efecto inmediato desde la entrada en vigor de la Ley. La compensación a la Corporación RTVE por la supresión de estos ingresos, va a ser por unos ingresos específicos generados por dos nuevas medidas fiscales y una medida ya existente, además de la financiación pública ya existente a favor de RTVE:

  • una aportación del 3 % de los ingresos de los operadores de televisión comercial en abierto, y del 1,5% de los ingresos de los operadores de televisión de pago;
  • una aportación del 0,9% de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones;
  • un porcentaje del 80% de la recaudación ya existente por el uso del dominio público radioeléctrico, hasta una cantidad máxima de 330 millones de euros.

La Comisión evaluó las medidas a la luz de sus normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión de 2001, que son de aplicación a este caso (véase IP/01/1429 ). Estas normas conceden a los Estados miembros un amplio margen de decisión sobre la manera de financiar los servicios de radiodifusión pública, siempre que no haya ninguna discriminación injusta entre operadores y ninguna compensación excesiva.

Como España no le notificó la reforma de la financiación de RTVE, la Comisión no ha podido evaluarla antes de su entrada en vigor. No obstante, España ha cooperado activamente con la Comisión en la investigación que ha conducido a la actual decisión. La Comisión tiene ahora que determinar si el nuevo sistema de financiación de RTVE excluye la posibilidad de una compensación excesiva y si los gravámenes recientemente creados, que forman parte integrante del régimen de ayudas, son compatibles con la normativa de la Unión Europea, en especial con las normas relativas a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva 2002/20/CE de 7 de marzo de 2002).

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