Eurodiputados y representantes del Consejo de Europa acuerdan garantías para el acceso a Internet

Eurodiputados y representantes del Consejo acordaron la última cuestión pendiente del paquete de telecomunicaciones, el acceso a internet de un usuario no podrá ser restringido a no ser que haya un procedimiento justo e imparcial, que incluya el derecho del usuario a ser escuchado, y siempre que se haga de forma proporcionada.

Los eurodiputados insistieron en la reunión de conciliación de posturas entre los dos órganos europeos, en el establecimiento de garantías procesales suficientes para el acceso a Internet, en línea con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, garanticen la protección judicial efectiva y el debido proceso.

Las dos partes ya habían acordado el pasado mes de mayo que Internet es fundamental para el ejercicio de los derechos fundamentales como el derecho a la educación, la libertad de expresión y acceso a la información.

Las restricciones al acceso de un usuario a internet “sólo podrán ser impuestas si son adecuadas, proporcionadas y necesarias, en el marco de una sociedad democrática”, acordaron los eurodiputados y representantes del Consejo. Estas medidas sólo podrán tomarse “con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho de privacidad” y como resultado de “un procedimiento previo, justo e imparcial” garantizando “el derecho a ser oído (…) y el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna”, dice el texto de compromiso sobre la directiva marco de las comunicaciones electrónicas. “En casos urgentes debidamente justificados” podrán establecerse procedimientos alternativos adecuados, siempre que respeten el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En el futuro, los usuarios de Internet podrán referirse a estas disposiciones si emprenden procedimientos judiciales contra la decisión de un Estado miembro de cortar su acceso a internet.

La delegación del Parlamento aprobó el texto conjunto por unanimidad. El compromiso aún tiene que ser aprobado por el pleno del Parlamento y el Consejo.

Ni la propuesta original de la Comisión ni la posición común del Consejo incluían salvaguardas contra restricciones indebidas del acceso a internet de los usuarios. Sin embargo, el Parlamento adoptó en dos ocasiones una enmienda, por la que se requiere a las autoridades reguladoras nacionales promover los intereses de los ciudadanos de la UE, entre otros, mediante “la aplicación del principio de no imponer restricciones en los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales, sin una sentencia previa de las autoridades judiciales, en particular de conformidad con el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la libertad de expresión y de información, salvo cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la sentencia puede ser posterior”.

El Consejo rechazó en dos ocasiones esta enmienda, iniciando así la tercera y última etapa del proceso legislativo de la UE, conocida como “conciliación”.

Por otra parte, había serias dudas sobre la validez jurídica de la enmienda, ya que podría parecer ir más allá de las competencias de la Comunidad Europea en este ámbito. Esta redacción podría haber requerido una armonización de los sistemas judiciales de los Estados miembros (una condición que va más allá de lo que la Comunidad puede adoptar en virtud de la base jurídica del artículo 95 del Tratado de la CE sobre las medidas de armonización para el mercado interior). En consecuencia, si la antigua enmienda hubiese sido adoptada el Tribunal de Justicia Europeo podría haber anulado ulteriormente la Directiva marco de las comunicaciones electrónicas.

Los pasos que faltan para la aprobación definitiva de la Directiva

La votación del Parlamento en tercera lectura está prevista para la sesión plenaria del 23 al 26 de noviembre en Estrasburgo. En su tercera y última lectura de la directiva marco de las comunicaciones electrónicas, tanto el Parlamento como el Consejo sólo podrán aprobar o rechazar el texto conjunto en su totalidad, sin nuevas enmiendas. El Parlamento necesita una mayoría simple de los votos emitidos, mientras que el Consejo decide por mayoría cualificada.

Los Estados miembros tendrán un año y medio para aplicar las nuevas normas, una vez que estas hayan entrado en vigor.

Si el Parlamento o el Consejo no aprueban el texto conjunto en tercera lectura, la directiva marco de las comunicaciones electrónicas no será adoptada. En este caso, el proceso de codecisión puede ser reiniciado sólo mediante una nueva propuesta legislativa de la Comisión.

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