La Comisión Europea adopta unas Directrices para las ayudas estatales al despliegue de banda ancha

La Comisión Europea ha adoptado unas Directrices sobre la aplicación de las normas de ayuda estatal del Tratado CE a la financiación pública de redes de banda ancha. Las Directrices ofrecen un marco claro y fiable para los interesados y quieren ayudar a los Estados miembros a agilizar y ampliar el despliegue de banda ancha. También contienen disposiciones específicas referentes al despliegue de redes de acceso de próxima generación, que permiten el apoyo público para fomentar la inversión en este sector estratégico sin crear problemas a la competencia.

El texto explica cómo deben canalizarse los fondos públicos para el despliegue de redes de banda ancha básicas así como de redes de acceso de próxima generación en aquellas zonas donde no inviertan los operadores privados. Las Directrices resumen la distinción entre zonas competitivas, las zonas «negras», en las que no se necesita ninguna ayuda estatal, y zonas no rentables o no cubiertas, las zonas «blancas» y «grises», en las que la ayuda estatal puede estar justificada, si se cumplen ciertas condiciones. Esta distinción se adapta luego a la situación de las redes de nueva generación, NGA, exigiendo a los Estados miembros que tengan en cuenta no sólo las infraestructuras de NGA existentes sino también los planes de inversión concretos de los operadores de telecomunicaciones con vistas a desplegar en un futuro próximo tales redes. Las Directrices contienen varias salvaguardias cruciales, tales como la elaboración de un mapa detallado, una licitación abierta, la obligación de acceso abierto o de neutralidad tecnológica y cláusulas de devolución para promover la competencia y evitar el efecto de exclusión de la inversión privada.

Según la Comisión, aunque tienen que ser fundamentalmente los operadores privados quienes deben encabezar las inversiones en redes de banda ancha de alta y muy alta velocidad, la ayuda estatal puede desempeñar un papel crucial para ampliar la cobertura de la banda ancha en las áreas en donde los operadores del mercado no tienen plan alguno de inversión. Siempre que se conceda ayuda estatal a los operadores privados, ésta debe estimular la competencia obligando al beneficiario a probar el acceso abierto a la red de financiación pública a los terceros operadores.

El objetivo principal que persigue la Comisión es fomentar el despliegue amplio y rápido de redes de banda ancha preservando al mismo tiempo la dinámica del mercado y la competencia en un sector que está totalmente liberalizado.

Las Directrices pueden obtenerse en el siguiente enlace.

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