¿Debe el Sector de las Telecomunicaciones financiar la Televisión Pública?

Llevamos varias semanas, publicando diferentes entradas,  oponiéndonos al proyecto de Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, con esta nueva aportación, pretendo introducir en el debate, más argumentos sobre la falta de sentido de que las empresas de Telecomunicaciones financiemos a la Corporación de Radio y Televisión Española.

En un documento dirigido a los Grupos parlamentarios desde Asimelec, les  indicábamos a sus señorías: El Parlamento español está tramitando, por la vía de urgencia, un proyecto de Ley que modifica el modelo de financiación de la Corporación Radio Televisión Española, creando para ello nuevas figuras tributarias que penalizan directamente a las empresas del Sector de las telecomunicaciones. Empresas que soportan ya una elevada presión fiscal, mayor que la de otros sectores industriales y la especificas para este Sector en los países de nuestro entorno.

Este proyecto de Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española establece un nuevo modelo de financiación de RTVE condicionado por la eliminación de las actividades de publicidad, televenta y acceso condicional, lo que determina establecer nuevos mecanismos de financiación, que complementen la aportación del Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Las novedades del modelo de financiación se articulan, entre otras, a través de dos nuevas fuentes de financiación, vinculadas al Sector de la Telecomunicaciones:

  1. RTVE percibirá un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico, inicialmente fijado en el 80%, con un importe máximo anual de 330 millones de euros.
  2. Los operadores de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, acceso a Internet) de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma deberán efectuar una aportación anual, calculada como el 0,9% sobre los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, excluidos los obtenidos en el mercado de referencia al por mayor.

Como consecuencia, las aportaciones a la financiación de la Televisión Pública tienen una distribución completamente asimétrica por cuanto los ingresos provenientes del gravamen sobre los servicios de telecomunicación suponen más del 72% del total de los ingresos previstos, lo cual carece absolutamente de fundamento que se haga recaer sobre el sector de las telecomunicaciones la obligación de asumir la mayor parte de la financiación de RTVE.

Sobre este modelo de financiación de RTVE es preciso señalar que los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet ya contribuyen a la financiación de numerosas obligaciones de servicio público, y varios impuestos específicos. Ya están sujetos al pago de una serie de tasas ligadas a la prestación de sus servicios como la del uso del dominio público radioeléctrico y la de ocupación del espacio público, así como otros costes asociados a la prestación del servicio universal, que, desde 2003, ha supuesto cantidades de entre 120 y 70 millones aproximadamente, y a otras obligaciones de servicio público, por ejemplo, las asociadas a la ley de conservación de datos, que sobrepasan los 50 millones de euros anuales. A todo lo anterior hay que añadir los impuestos específicos sobre la actividad del sector, que alcanzan los 568 millones de euros, convirtiéndose en uno de los sectores económicos con mayor carga fiscal y parafiscal. Cifra que se ha incrementado un 450% en los últimos 7 años.

Mientras que el sector gas/eléctrico y el financiero dedican en media del período 2004-2007 un 1,55% y un 0,64% de sus ingresos al pago de tributos específicos, el ratio se eleva hasta el 1,74% en media en el sector de telefonía móvil.

Es pues incomprensible, que ahora, las empresas de Telecomunicaciones, tengan que asumir esta nueva tasa, para financiar las obligaciones de servicio público, RTVE, relativas a otro sector distinto, como es el audiovisual.

En un entorno como el actual de crisis económica no resulta justificado un incremento significativo de la presión fiscal que gravara aún más la actividad de un sector tan vital y estratégico para facilitar el cambio de la evolución de la economía que favorezca la salida de dicha crisis como lo es el sector de las telecomunicaciones.

Impacto negativo sobre el sector de telecomunicaciones

El trasvase de recursos económicos del sector de las telecomunicaciones a otro sector, en un momento como el actual, de transformación de las infraestructuras hacia las redes de nueva generación y bajo condiciones de demanda incierta, se traducirá a buen seguro en una drástica reducción de los niveles de inversión, afectando al desarrollo de nuevos servicios, el despliegue de redes e incluso a la evolución de los precios de los servicios de comunicaciones electrónicas, con un claro perjuicio a suministradores, usuarios y consumidores, así como a la competitividad de las empresas y el empleo, que de forma directa o indirecta se verían perjudicados por las implicaciones económicas negativas derivadas de un incremento injustificado y arbitrario de la presión fiscal.

Como ya indican la CMT y el Consejo de Estado en sus respectivos informes sobre esta Ley, la tasa al Sector de las Telecomunicaciones tendrá efectos graves para el desarrollo del Sector y el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, perjudicando gravemente a estas empresas en su propio desarrollo y en la inversiones que deben realizar para el despliegue de infraestructuras de red.

No tiene sentido penalizar, como lo hace este Proyecto de Ley, a un Sector que se enfrenta a necesidades de inversión ingentes para desplegar las nuevas redes que darán sustento al desarrollo de la Sociedad de la Información, y al cambio de modelo de crecimiento de nuestro país, aumentando la productividad y competitividad del resto de sectores, con objeto de salir de la crisis económica actual.

La CMT y el Consejo de Estado señalan la ausencia de un análisis sobre los efectos económicos del cambio de modelo de financiación, así como los efectos de los nuevos gravámenes que se pretende crear. Se crean nuevas cargas fiscales sin ni siquiera evaluar las consecuencias económicas.

El proyecto de Ley señala que no resulta razonable que la financiación del servicio público de televisión sea a costa de incrementar las aportaciones del Estado, señalando que quienes resulten beneficiados por esta decisión sean también quienes soporten, en parte, esa carga económica.

La consideración de beneficiario y por tanto sujeto pasivo de la obligación a los operadores de telecomunicaciones constituye una discriminación carente de justificación razonable, por cuanto no existe una relación causa efecto entre la renuncia de ingresos por publicidad y el beneficio de los operadores en la prestación de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso a Internet y por ende, en el incremento de sus ingresos brutos de explotación.

La expulsión de un agente del mercado de publicidad, va a reportar a las cadenas privadas unos ingresos adicionales muy relevantes, mientras que a la televisión pública habrá que dotarla de recursos adicionales. Los operadores de telecomunicaciones, sin embargo, no se van a ver beneficiados por el incremento de demanda de espacios publicitarios puesto que, como es conocido, la televisión IP se presta bajo régimen de acceso condicional, no es emisión en abierto. Sería lógico por tanto que sean los radiodifusores que se verán beneficiados por la desaparición de la publicidad en la televisión pública, la que hagan un esfuerzo para financiar este servicio público. Por el contrario sería incomprensible que los operadores de telecomunicaciones, que es un sector que no tiene nada que ver con el mercado publicitario en televisión y por tanto no se verá beneficiado, financie el cambio de modelo que propugna esta Ley.

En síntesis, el documento de Asimelec, venía a poner en claro los siguientes criterios:

La oposición del Sector de las Telecomunicaciones al Proyecto de Ley porque incrementa la presión fiscal del Sector de las telecomunicaciones, se utilicen los ingresos fiscales procedentes del sector de comunicaciones electrónicas para subvencionar a otro sector, como es el audiovisual, y concretamente las televisiones privadas.

Es obvio que el Sector de las Telecomunicaciones no se beneficia de la retirada de la publicidad en RTVE, tal como se asegura, equivocadamente, en el texto de este proyecto de Ley.

Creemos que es injusto penalizar a un Sector que contribuye al desarrollo de nuestra economía y crea riqueza, un sector privado, que está invirtiendo en las nuevas infraestructuras de red que son el motor del desarrollo de la Sociedad de la Información en España.

Consideramos de dudosa legalidad en el vigente Derecho de las Telecomunicaciones, ni en el europeo, ni tampoco en el español, la figura de esta nueva tasa que se impone a las empresas de Comunicaciones electrónicas.

El Gobierno no ha considerado las advertencias del Consejo de Estado y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. No ha consultado a los sectores implicados. Y ha decidido seguir un modelo muy cuestionado, que sólo se ha aplicado recientemente en un único país, y que ya ha sido advertido como ilegal por la Comisaria europea. Un proyecto elaborado con prisas y sin evaluar los efectos sobre los sectores directamente implicados.

Terminaba Asimelec solicitando a los Grupos Parlamentarios: que paralicen este Proyecto de Ley, o que retiren del mismo la tasa especial del 0,9% a las empresas de comunicaciones electrónicas.

Y proponía: Creemos que a partir de ese momento, debe abrirse un proceso de debate transparente con todos los agentes sociales, el propio Consejo de Estado cuestionaba que no habían sido consultados los sectores implicados. Debate que tiene que tener en cuenta las necesidades de todos y no solamente el beneficio de un sector, como el de las televisiones privadas, que como los demás sectores tienen que hacer viable su modelo de negocio y no buscar el subsidio, bien a través de fondos públicos o con la intervención, como es el caso, de fondos de otros sectores, que nada tienen que ver ni se benefician de las medidas de este Proyecto de Ley.

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