El Parlamento Europeo se ratifica, el acceso a Internet no puede restringirse sin una orden judicial previa.

El Parlamento Europeo ha modificado el acuerdo alcanzado con el Consejo de Europa y ha enviado todo el paquete telecom a la tercera lectura o conciliación. El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán ahora un plazo de ocho meses para lograr un acuerdo. Hasta la próxima legislatura, no podrá aprobarse esta amplia reforma de las telecomunicaciones europeas. Ver entrada anterior: El Consejo de Telecomunicaciones aprueba la reforma del marco regulador europeo. También: Reforma de las telecomunicaciones: la Comisión Europea presenta nuevos textos legislativos para el Consejo de Ministros.

El motivo, la aprobación de una enmienda, como ya lo hizo anteriormente, para que el acceso a Internet no pueda restringirse sin una orden judicial previa. Los eurodiputados han reintroducido una enmienda, con 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones, esta enmienda procedía de la primera lectura del Parlamento.

El conjunto legislativo, ahora aparcado, incluye la revisión del marco regulador de las telecomunicaciones, la directiva sobre los derechos de los usuarios) y el establecimiento de un Organismo de Reguladores Europeos).

Las dos instituciones están de acuerdo en las normas sobre los derechos de los usuarios y el organismo de reguladores, sin embargo, el pleno ha enmendado la directiva marco, sin la cual no pueden aplicarse las otras dos legislaciones, por lo que todo el paquete se resolverá en la conciliación.

La enmienda, aprobada por amplia mayoría, deja claro que “no cabe imponer restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales”. Esta decisión de los eurodiputados pone en cuestión las iniciativas de algunos países como Francia, que pretender legislar que se pueda cortar la  conexión a Internet de los usuarios sin previa orden judicial. También incide en las negociaciones para regular las descargas ilegales que se están llevando en España.

El objetivo de la directiva sobre el servicio universal y los derechos de los usuarios es mejorar la protección de los consumidores. También moderniza la legislación vigente tomando en consideración los avances tecnológicos y la expansión del mercado.

Esta legislación obliga a los proveedores de telecomunicaciones a ofrecer información clara sobre las tarifas, las condiciones contractuales y la velocidad de la conexión. Además, si el operador altera estas condiciones, el consumidor tendrá derecho a terminar el contrato sin penalizaciones (artículo 20.2).

Por otro lado, los proveedores tendrán que informar a los consumidores si su consumo mensual sobrepasa el límite preestablecido por el usuario. Por otro lado, los consumidores tendrán derecho a mantener su número cuando cambian de operador. El número tendrá que ser transferido de compañía en un plazo de un día laborable.

Otra de las ventajas para los consumidores es la duración de los contratos, que no podrá exceder los dos años. Asimismo, los proveedores estarán obligados a ofrecer a los usuarios la posibilidad de suscribir un contrato de una duración máxima de un año. Las restricciones impuestas por el proveedor que limiten el acceso a los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo en el caso de la pornografía infantil, dependerán de la legislación nacional. Esta directiva no las prohíbe ni las impone y, por tanto, no varía la situación actual. Sin embargo, sí que introduce la obligación de informar a los usuarios sobre estas restricciones y de respetar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la intimidad.

La directiva también introduce unos requisitos mínimos de calidad de los servicios para prevenir el deterioro del servicio.

Por otro lado, el texto subraya que los usuarios finales deben tener la capacidad de decidir los contenidos que deseen enviar y recibir, así como de optar por los servicios, las aplicaciones y los soportes que deseen utilizar.

La legislación acordada mejora la seguridad y la integridad de la red, reforzando la protección de los datos personales de los usuarios, así como la prevención y el control del spam y los ciberataques.

El texto prevé que cualquier violación de la seguridad de los datos personales, por ejemplo el robo de la lista de clientes de una empresa, tendrán que ser notificada inmediatamente por el proveedor a la autoridad nacional competente. En caso de una violación grave de la intimidad, el proveedor también tendrá que informar a la persona afectada. No obstante, los proveedores que puedan demostrar a las autoridades competentes que han tomando todas las medidas técnicas de protección no estarán obligados a informar a los usuarios.

Los operadores tendrán que elaborar un inventario de las violaciones de datos personales que permita el análisis posterior por parte de la autoridad nacional competente y  tendrán que desarrollar sistemas para prevenir vulneraciones predecibles. Además, solamente el personal autorizado podrá acceder a los datos personales y estos no podrán ser almacenados sin el consentimiento previo del usuario.

La directiva también refuerza la protección contra el spam. El procesado de datos personales por el proveedor requerirá el consentimiento del usuario, así como la instalación de “cookies” en los ordenadores de los consumidores.

La comunicación comercial (incluyendo las promociones, los premios y regalos) por teléfono o Internet tendrá que estar firmada y ser identificable (con una dirección a la que los usuarios puedan dirigirse cuando no quieran recibir más comunicaciones). La directiva establece que es ilegal enviar correos electrónicos con material engañoso o enlaces a sitios fraudulentos.

Los eurodiputados y el Consejo han acordado que, antes de tomar decisiones reguladoras, las autoridades nacionales consultarán a la Comisión y al nuevo Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC en sus siglas en inglés), que en estos casos adoptará sus dictámenes por mayoría absoluta.

La autoridad nacional de regulación tendrá en cuenta en la mayor medida posible las observaciones del BEREC y de la Comisión. En esos casos, el BEREC, la Comisión y el regulador nacional colaborarán estrechamente para definir la medida “más apropiada y efectiva” antes de que la autoridad nacional actúe.

Los reguladores nacionales podrán imponer a las empresas integradas verticalmente la obligación de separar los servicios de red de los demás, creando una unidad empresarial distinta encargada de gestionar el acceso a las redes. Sólo se recurrirá a esta medida en casos excepcionales, cuando todos los demás mecanismos reguladores no hayan servido para lograr una competencia efectiva.

Con el paso de la radiodifusión televisiva analógica a la digital que se completará a finales de 2012 se podrán transmitir de seis a ocho canales de televisión en el espectro que antes ocupaba un solo canal analógico. Esto significa que podrían quedar libres entre 300 y 375 MHz actualmente atribuidos a la radiodifusión analógica. Es lo que se conoce como “dividendo digital”.

El espectro, que es propiedad de los Estados miembros, se utilizará para una serie de servicios sin cables, desde la difusión de la televisión a través de soportes móviles e Internet de banda ancha hasta los nuevos servicios electrónicos, como la administración o la sanidad en línea. Para mejorar la cooperación y armonización del uso del espectro entre los Estados miembros, la Comisión tendrá que presentar un programa de acción plurianual y vinculante.

La reforma del marco regulador de las telecomunicaciones garantizará que toda tecnología o servicio sea neutro, es decir, que se podrá utilizar cualquier frecuencia disponible para los servicios de comunicación electrónica.

En el futuro, los reguladores nacionales podrán obligar a los operadores a permitir el uso compartido de recursos de red mediante el cableado de edificios, mástiles, antenas o torres.

Los reguladores nacionales también promoverán las inversiones en redes “de nueva generación”, como las de fibra óptica. Cualquier obligación de acceso para abrir esta nueva estructura a la competencia deberá tener en cuenta los riesgos de la inversión y permitir acuerdos de cooperación entre los inversores y las partes interesadas en el acceso a las nuevas redes. De esta forma, se diversificarán los riesgos de la inversión.

El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa coinciden en que el BEREC estará compuesto por un Consejo regulador integrado por cada uno de los 27 directores de los reguladores nacionales. El BEREC asesorará a la Comisión, a petición del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa o por propia iniciativa. El Consejo del BEREC adoptará dictámenes, por ejemplo, sobre disputas internacionales, por mayoría de 2/3.

Además, el Organismo contará con una oficina que prestará servicios de asistencia administrativa y profesional. Los recursos de la oficina procederán del presupuesto comunitario y de la contribución financiera voluntaria de los Estados miembros o de sus reguladores nacionales.

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