Las Telecomunicaciones no deben financiar la TV pública.

En mi condición de Presidente de la patronal del Sector TIC, Asimelec, el periódico económico Cinco Días pública, en su edición impresa, una colaboración sobre la posible tasa especial a los operadores de Telecomunicaciones y Proveedores de Internet para financiar la Televisión Pública en España.

Se ha anunciado la decisión del Gobierno de retirar la publicidad de la Televisión Pública y la fórmula para financiarla. Desde ASIMELEC, con preocupación y perplejidad, hemos conocido que la parte más importante de esta financiación se va a conseguir a través de de una nueva carga fiscal adicional para los operadores de comunicaciones electrónicas.

Esta solución, que en ningún momento se ha consultado con las Asociaciones empresariales ni con las empresas del Sector TIC, penalizaría a un sector que crea riqueza y empleo para el país y que es fundamental para el desarrollo económico y el cambio de modelo económico que España necesita. Es del todo injusto pretender penalizar aún más, un sector que tiene que enfrentarse a necesidades de inversión ingentes para desplegar las redes de banda ancha que van a facilitar el desarrollo de la Sociedad de la Información, y contribuir a la productividad y competitividad del resto de sectores productivos y que sin duda debe ser uno de los pilares para salir antes  de la crisis.

Los operadores de telecomunicaciones ya tienen que financiar numerosas obligaciones de servicio público, amén de impuestos y tasas específicas de este Sector. En los últimos 7 años, y a pesar del esfuerzo inversor, los impuestos específicos que sólo se aplican a nuestras empresas han tenido un incremento del 450%, sumando cerca de los 400 millones de euros al año. A esta cifra, habría que sumar la Tasa de aprovechamiento del Dominio Público Local, todavía en litigio, que supondría, al menos, aumentar Ia fiscalidad en 200 millones de euros en beneficio de las Haciendas locales.

Pero, además, a esto habría que añadir también otros costes, como la financiación del servicio universal de las telecomunicaciones, 70 millones de euros, o el cumplimiento de la Ley de Conservación de Datos, que se calcula en torno a unos 50 millones de euros.

Por ello, es difícil comprender que con esta fiscalidad, que evidentemente perjudica al desarrollo de este Sector, se pretenda imponer esta nueva tasa, que puede pasar de los 300 millones de euros al año. Pero, además, uno de los factores que hay que tener en cuenta, es el coste que estos supondrá también para los usuarios de telecomunicaciones. Los usuarios de telefonía fija, móvil, cable, y sobre todo de banda ancha, verán cómo este aumento de costes, en última instancia, se plasmará en un aumento de precios.

Desde ASIMELEC, creemos que los grandes y únicos beneficiarios de la retirada de publicidad en RTVE, van a ser las cadenas privadas de Televisión, sería lógico que sean estas empresas, las que tengan que hacer el esfuerzo de completar la financiación de este servicio público. No tiene nada de lógica que las empresas de telecomunicaciones, que nada tienen que ver con el mercado publicitario en televisión, tengan que pagar la financiación de la Televisión Pública y subvencionar con ello, otra vez más, al Sector Audiovisual.

Desde el Sector TIC, nos oponemos a esta nueva obligación fiscal, y que los ingresos fiscales procedentes del sector de las comunicaciones electrónicas, sirvan una vez más para subvencionar y favorecer a otro sector económico. En ASIMELEC, consideramos que si al final no se impone la cordura, se estará perjudicando gravemente el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, y esto, sin duda, pondría de manifiesto una gran incoherencia entre el discurso oficial de apoyo al sector de las comunicaciones electrónicas como sector motor de crecimiento y productividad, y la realidad de decisiones como ésta, muy alejadas de este discurso.

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