ASIMELEC manifiesta su preocupación por cómo afecta la morosidad por parte de las Administraciones Públicas a las empresas.

ASIMELEC ha salido en defensa de las empresas a las que representa, apelando  al Gobierno para que se cumplan los plazos de pago de la Ley contra Morosidad de 2004.

En una carta dirigida a la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, la Patronal solicita su pronta intervención para enmendar el preocupante y cada día más apremiante problema del retraso y la morosidad en los pagos que se están llevando a cabo por parte de la Administración Pública, tanto General del Estado como la Autonómica y Local.

Según ASIMELEC: “en estos tiempos de recesión y por ende, de mayores dificultades económicas y necesidades financieras para todas las empresas  que realizan gran parte de sus actividades comerciales con las distintas Administraciones Públicas, este grave problema se vuelve todavía más acuciante. Además, el retraso y la morosidad en los pagos por parte de las Administraciones Públicas, tanto General del Estado como Autonómica o Local, en esta última de forma más extrema aún si cabe, origina un gran desasosiego en el día a día de la actividad de las empresas asociadas.”

Con esta carta, ASIMELEC, quiere defender los intereses de las empresas a las que representa, y manifestar al Gobierno, la necesidad de que se cumplan estrictamente los plazos de pago que establece la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, aprobada a finales del año 2004.

Para ASIMELEC, este tema es actualmente uno de los más preocupantes para el tejido empresarial español. La Ley de 2004 establecía períodos de pago de 30 días para las empresas y de 60 días para las Administraciones Públicas, pero, según la Patronal, no se ha detectado que los efectos que perseguía esta Ley hayan tenido impacto.

Reclama que estos plazos sean una condición contractual realmente vinculante y su estricto cumplimiento, ya que, ayudaría en gran medida a solventar las dificultades de tesorería y de rentabilidad que padecen muchas empresas tanto en el sector TIC como en multitud de sectores de la economía española.

También desvela que muchas empresas que padecen plazos de pago de más de 180 días, no reclaman o denuncian estas prácticas abusivas por temor a perder negocio o causar malestar a sus clientes. Según ASIMELEC, estas situaciones pueden tener su origen en el desequilibrio de fuerzas negociadoras, en el que la parte más fuerte aprovecha su condición dominante para imponer aplazamientos o estipulaciones abusivas.

Y termina: “teniendo en cuenta la situación económica actual de recesión, el no cumplimiento de los plazos que establece esta Ley, perjudica aún más a la competitividad de nuestras empresas, ampliando aún más el diferencial con otros países de Europa, lo que debilita la salud económica de las compañías españolas, debido a la gran necesidad financiera que precisan”.

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