El comerciante tiene la obligación de informar de la caducidad de las televisiones analógicas.

El vendedor tiene la obligación de advertir a quien compre un televisor analógico de que no le servirá a partir de abril de 2010, a no ser que se compre un decodificador, incurre en una infracción en materia de consumo. Esta es la conclusión de un Informe elaborado por el Instituto Nacional del Consumo, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, y las Comunidades Autónomas. Constituiría una omisión engañosa sobre la verdadera naturaleza del bien y sobre las instrucciones y advertencias necesarias para su correcto uso en un futuro próximo y predecible” y, por tanto, permitiría al consumidor ejercer su derecho a la garantía y podría dar lugar a la correspondiente sanción administrativa.

El Informe alerta sobre la práctica de algunos comerciantes que venden televisores analógicos a bajo coste, de no informar de que, a partir de la fecha señalada, todas las emisiones de televisión terrestre que se presten serán con tecnología digital y, por lo tanto, imposibles de captar por un receptor analógico.

El informe señala que la legislación vigente establece que todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar, acompañar o, en último caso, permitir de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales y entre éstas, específicamente, “la naturaleza, composición y finalidad” y las “instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles”.

Añade que, según la actual normativa de consumo, “la oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de los bienes y servicios será perseguida y sancionada como fraude”, y que “cualquier situación que induzca a engaño o confusión o que impida reconocer la verdadera naturaleza del bien o servicio”, será objeto de infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

El comprador de un televisor analógico que no ha sido convenientemente informado de las limitaciones del aparato podría además acogerse en este caso al régimen de garantías contemplado en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley del Comercio Minorista.

Ambos textos legales establecen la obligación del vendedor de responder de la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa, y el primero de los citados dispone también que para que exista esta conformidad, entre otros requisitos, el bien debe ajustarse a la descripción realizada por el vendedor, ser apto para los usos a que ordinariamente se destinen los bienes del mismo tipo y presentar “la calidad y prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor pueda fundadamente esperar, habida la naturaleza del bien”.

Estos requisitos no se cumplirían, concluye el informe, si en el momento de la compra el vendedor no informase de las limitaciones temporales de uso de un aparato cuya vida media es de 8 ó 10 años y de la necesidad de adquirir en un futuro “próximo y predecible” el correspondiente decodificador, por lo que cabe entender que el consumidor podría ejercitar los derechos que le otorga la ley, dentro de los plazos fijados en la misma, ante la falta de conformidad del bien.

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