El Tribunal de la Unión Europea considera que los Proveedores de Internet no tienen obligación de identificar a los usuarios del P2P.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no obliga a las empresas de Telecomunicaciones a entregar los datos de sus usuarios en un litigio de índole Civil.

Esta sentencia contesta a una cuestión prejudicial que planteó el juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid, tras la solicitud por la vía judicial de Promusicae a Telefónica, para que la operadora le comunicase los nombres y direcciones de determinados usuarios de Internet a los que había identificado a través de las denominadas direcciones IP, así como la fecha y hora de su conexión.

Alegaba que estos clientes se habían bajado, a través del programa KaZaA, archivos musicales sobre los que sus miembros tienen derechos de autor y de licencia.

Ver entradas anteriores: Los proveedores de Internet no están obligados en ningún caso a informar a entidades privadas de los clientes que descargan música y El Tribunal de Justicia de la Unión Europea apoya el anonimato de las descargas en Internet.

El Tribunal de Justicia declara:

Las Directivas Europeas no obligan a los Estados miembros a imponer el deber de comunicar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil. Sin embargo, el Derecho comunitario exige que dichos Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a estas Directivas, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. A continuación, en el momento de aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a dichas Directivas, corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con estas mismas Directivas, sino también no basarse en una interpretación de éstas que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad.

Ver el texto de la sentencia en el siguiente enlace.

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