El Gobierno y las patronales CEOE y CEPYME firman un acuerdo para reducir las cargas administrativas de las empresas.

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Jesús Bárcenas, han suscrito un acuerdo marco de colaboración cuyo objetivo es reducir las cargas administrativas y los trámites burocráticos impuestos a las empresas. Sin duda una buena noticia que incidirá directamente en la productividad de nuestras empresas.

El acuerdo suscrito hoy responde al compromiso del Gobierno de España de reducir las cargas administrativas en un 25% para el año 2012. Esta decisión se adoptó en la reunión del Consejo de Ministros del 4 de mayo de 2007, que acordó elaborar un Plan de Acción para mejorar las relaciones de los ciudadanos con sus administraciones públicas y aumentar la competitividad de nuestras empresas, eliminando obstáculos burocráticos y simplificando la legislación que entorpezca la actividad empresarial.

Este acuerdo se sumaba al aprobado por el Consejo de la Unión Europea, que instaba a la Comisión Europea a reducir las cargas derivadas de la legislación comunitaria en el mismo porcentaje. Para su desarrollo, el Ministerio de Administraciones Públicas ya ha firmado el pasado 24 de septiembre un convenio similar con las Cámaras de Comercio.

Entre las iniciativas incluidas en el Plan, destacan las siguientes:<

• Valorar las cargas administrativas para las empresas en la legislación nacional, con el objeto de reducirlas en un 25% para 2012. En especial se profundizará en las medidas necesarias para disminuir los trámites relacionados con la creación de nuevas empresas.

• Determinar la participación española en el programa de acción de la Comisión de Reducción de Cargas Administrativas de la UE.

• Avanzar en el uso de tecnologías de la información, incluyendo la interconexión entre administraciones, como forma de reducir cargas administrativas en los procedimientos de impacto ciudadano.

• Establecer la necesaria colaboración con las comunidades autónomas y los entes locales, a través de la Conferencia Sectorial de Administración Local, para vincular su participación en los objetivos recogidos en el Plan.

• Acordar mecanismos de colaboración con las cámaras de comercio y organizaciones empresariales y sindicales para avanzar en la rápida identificación de aquellas medidas que permitan la reducción de las cargas administrativas que dificultan la creación de nuevas empresas y limitan la actividad de las ya existentes.

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