I Conferencia Internacional sobre “Ciberciudadanía, Gobierno electrónico y nuevos derechos humanos”.

En la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid se va a celebrar los próximos días 21 y 22 de noviembre la I Conferencia internacional sobre Gobierno electrónico y nuevos derechos humanos: Ciudadanía 2.0, con el objetivo de profundizar en el estudio y análisis de las relaciones entre derechos humanos, tecnología y democracia, y en particular, sobre la relación entre el uso de Internet, las políticas de inclusión digital y el desarrollo del gobierno electrónico.

La convocatoria busca identificar los factores que suponen un cambio real en la definición de los límites de la democracia y el concepto de ciudadanía, por medio del debate acerca del derecho ciudadano a diseñar la tecnología, mercado global de la ciudadanía o la crisis de las utopías digitales, los cambios de la ciudadanía clásica a la ciudadanía digital o el análisis de los actores locales en la redes globales. Otros temas de debate serán las estrategias y políticas públicas para el desarrollo de la ciudadanía digital y experiencias concretas de Gobierno electrónico y políticas de inclusión digital en Europa, Asia y América Latina.

En las Jornadas participarán ponentes como Langdon Winner, Saskia Sassen, Emilio Suñé, Ramón Queraltó, David Cierco, Javier Bustamante, Andoni Alonso, Juan Zafra, Margarita Barañano, María José Fariñas, Eulalia Pérez Sedeño, etc. La Conferencia concluirá con un Manifiesto a favor de la Ciudadanía 2.0.
Organiza el evento el Foro de investigación y acción participativa, FIAP, para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la entidad pública empresarial Red.es y el Ministerio de Administraciones Públicas. La asistencia es libre y gratuita previa inscripción a través de la siguiente página.

En relación esta interesante conferencia, quiero reseñar la entrevista del profesor Emilio Suñe, defensor de una estructuración jurídica de acuerdo con la realidad global del fenómeno Internet, más allá de la división política y jurídica actual de los Estados.

– ¿Será posible conseguir algún día una “Constitución del Ciberespacio”?

En el ciberespacio se sitúa ya una buena parte de la realidad social, tanto de la realidad económica, como de la cultural. Pensemos en la economía financiera, que está casi completamente desmaterializada, o en las modas, los espectáculos de todo tipo, sustancialmente los deportivos, los grandes patrones culturales que nos transmite el cine, por ejemplo…

Si una parte considerable, y además creciente de relaciones sociales está ya en el ciberespacio, y mucho más que lo va a estar, lo razonable es que la estructuración política -y jurídica- de esta misma realidad social, se haga también desde este metaespacio que es el ciberespacio. Es absurdo pretender construir un ciberespacio metaterritorial, desde entidades esencialmente territoriales como son los Estados, y tampoco es lo más democrático. De lo que se trata es de constituir una Telecivitas, basada en el principio democrático de ciudadanía universal y “soberana” en todas aquellas cuestiones que sean por esencia ciberespaciales; tales como:

-Constitución del ciberespacio y declaración de derechos del ciberespacio.

-Redes globales de comunicaciones, singularmente Internet.

-Protección de datos personales y secreto de las telecomunicaciones.

-Código de las obligaciones en el ciberespacio (cibercomercio, teletrabajo, etc).

-Código fiscal del ciberespacio, que daría financiación autónoma a la Telecivitas.

-Código Penal del Ciberespacio, para los nuevos delitos globales (pornografía infantil, etc.)

-Propiedades incorporales en el ciberespacio, como derechos de autor en Internet.

Es sólo el aperitivo… y no es poco. Sería sorprendente que lo deseable no fuese posible.

– ¿Hasta qué punto legislar para el ciberespacio no es una utopía?

Pienso que la “utopía” no es más que la antigua forma de referirse a la moderna “prospectiva”. No se trata de ensoñación, sino de anticiparse a la realidad; o más todavía, de “saber ver” el bosque que tenemos ante nosotros, mientras la mayoría de nuestros congéneres sólo ve árboles. No deja de ser un procesamiento de la información más “fino” que el usual y, por eso mismo, adolece de algunos problemas de incomprensión; pero nada que no tenga remedio, a condición de saber explicarlo bien.

El problema no es “legislar para el ciberespacio” -que ya se está haciendo-, sino hacerlo democráticamente; es decir “desde” el ciberespacio y “para” el ciberespacio, en base a los principios de soberanía popular, control ciudadano y prevalencia de los Derechos Humanos. El Derecho de este metaespacio que es el ciberespacio, reitero que no puede ser adecuadamente construido desde esta realidad esencialmente territorial, que es el Estado y ni siquiera desde el Derecho Internacional que no deja de ser, en lo esencial, un maraco de convivencia entre Estados soberanos.

Es preciso superar los obsoletos marcos vigentes, basados en el Derecho estatal y, a lo sumo, en el Derecho Internacional Privado y Comparado, lo que demasiado a menudo se hace “al dictado” de grupos de intereses enquistados en muchas de las organizaciones internacionales del viejo mundo, para pasar a construir un Derecho del Ciberespacio propiamente dicho, desde una Telecivitas democrática.

– En relación con el conflicto de los derechos de autor en Internet, ¿qué prima más, los intereses de los autores o los de los editores?

Lo de menos es lo que prime ahora y lo de más lo que debe primar, que son los derechos de los ciudadanos. Justo lo único que en el momento actual no se tiene en consideración.

La actual regulación del canon, cuya moderna denominación de “compensación equitativa” parece y es un sarcasmo, es posible porque se ha legislado al margen de controles democráticos, en beneficio de alguien que no son tanto los autores ni los editores, como las sociedades de gestión de derechos de autor.

Estos temas se han decidido por las burocracias que controlan la OMPI con la complacencia de los Estados, que quieren estar a bien con el mundo artístico, por su influencia social y, a través de Tratados Internacionales y Directivas de la Unión Europea, han entrado en el Derecho de la mayoría de los Estados al margen de controles democráticos propiamente dichos. ¿O es que alguien cree que los ciudadanos votaríamos a favor del canon si tuviéramos poder de decisión?. Otro gallo nos cantaría si estas cuestiones se decidieran democráticamente en el marco de una entidad política ciberespacial o Telecivitas.

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