Se publica en el BOE la Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 25/2007, de 18 de octubre de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, en entradas anteriores comente ampliamente el proyecto de Ley. Ver entradas:

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley la conservación de datos en comunicaciones electrónicas.

Anteproyecto de Ley de Conservación de Datos (LCD).

La Ley traspone la Directiva 2006/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones.

El objeto de esta Directiva es establecer las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos, con el fin de posibilitar que dispongan de ellos los agentes facultados. La Ley entiende por agentes facultados los miembros de los Cuerpos Policiales autorizados para ello en el marco de una investigación criminal por la comisión de un delito, el personal del Centro Nacional de Inteligencia y los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el desarrollo de sus competencias como policía judicial. Se trata, pues, de que todos éstos puedan obtener los datos relativos a las comunicaciones que, relacionadas con una investigación, se hayan podido efectuar por medio de la telefonía fija o móvil, así como por Internet.

Los datos sobre los que se establece la obligación de conservación por parte de los operadores y proveedores de Internet, son datos exclusivamente vinculados a la comunicación, ya sea telefónica o efectuada a través de Internet, pero en ningún caso reveladores del contenido de ésta; y, en segundo lugar, que la cesión de tales datos que afecten a una comunicación o comunicaciones concretas. Y exigirá, siempre, la autorización judicial previa.

Los datos que deben ser objeto de conservación.

Datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación:

Con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil:

– Número de teléfono de llamada.

– Nombre y dirección del abonado o usuario registrado.

Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet:

– La identificación de usuario asignada.

– La identificación de usuario y el número de teléfono asignados a toda comunicación que acceda a la red pública de telefonía.

– El nombre y dirección del abonado o del usuario registrado al que se le ha asignado en el momento de la comunicación una dirección de Protocolo de Internet (IP), una identificación de usuario o un número de teléfono.

Datos necesarios para identificar el destino de una comunicación:

Con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil:

– El número o números marcados (el número o números de teléfono de destino) y, en aquellos casos en que intervengan otros servicios, como el desvío o la transferencia de llamadas, el número o números hacia los que se transfieren las llamadas.

– Los nombres y las direcciones de los abonados o usuarios registrados.

Con respecto al correo electrónico por Internet y la telefonía por Internet:

– La identificación de usuario o el número de teléfono del destinatario o de los destinatarios de una llamada telefónica por Internet.

– Los nombres y direcciones de los abonados o usuarios registrados y la identificación de usuario del destinatario de la comunicación.

Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de una comunicación:

Con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil:

– La fecha y hora del comienzo y fin de la llamada o, en su caso, del servicio de mensajería o del servicio multimedia.

Con respecto al acceso a Internet, al correo electrónico por Internet y a la telefonía por Internet:

– La fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de acceso a Internet registradas, basadas en un determinado huso horario, así como la dirección del Protocolo Internet, ya sea dinámica o estática, asignada por el proveedor de acceso a Internet a una comunicación, y la identificación de usuario o del abonado o del usuario registrado.

– La fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de correo electrónico por Internet o del servicio de telefonía por Internet, basadas en un determinado huso horario.

Datos necesarios para identificar el tipo de comunicación.

Con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: el servicio telefónico utilizado: tipo de llamada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluido el reenvío o transferencia de llamadas) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia avanzados y servicios multimedia).

Con respecto al correo electrónico por Internet y a la telefonía por Internet: el servicio de Internet utilizado.

Datos necesarios para identificar el equipo de comunicación de los usuarios o lo que se considera ser el equipo de comunicación:

Con respecto a la telefonía de red fija:

– Los números de teléfono de origen y de destino.

Con respecto a la telefonía móvil:

– Los números de teléfono de origen y destino.

– La identidad internacional del abonado móvil (IMSI) de la parte que efectúa la llamada.

– La identidad internacional del equipo móvil (IMEI) de la parte que efectúa la llamada.

– La IMSI de la parte que recibe la llamada.

– La IMEI de la parte que recibe la llamada.

– En el caso de los servicios anónimos de pago por adelantado, tales como los servicios con tarjetas prepago, fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (el identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio.

Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet:

– El número de teléfono de origen en caso de acceso mediante marcado de números.

– La línea digital de abonado (DSL) u otro punto terminal identificador del autor de la comunicación.

Datos necesarios para identificar la localización del equipo de comunicación móvil:

La etiqueta de localización (identificador de celda)

– Los datos que permiten fijar la localización geográfica de la celda, mediante referencia a la etiqueta de localización, durante el período en el que se conservan los datos de las comunicaciones.

El plazo de conservación de los datos, finalmente será, con carácter general, de doce meses desde que la comunicación se hubiera establecido (si bien reglamentariamente se podrá reducir a seis meses o ampliar a dos años).

Las operadoras, salvo carácter urgente, solicitado por un juez deberán entregar los datos requeridos dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de las 8:00 horas del día laborable siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden.

La protección de los datos y su confidencialidad estarán protegidos por lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pero prevé excepciones a los derechos de acceso y cancelación. El responsable del tratamiento de los datos no comunicará la cesión de datos efectuada de conformidad con esta Ley y denegará el ejercicio del derecho de cancelación.

La Ley incluye sanciones en el caso de incumplimientos de las obligaciones de conservación y protección y seguridad de los datos de carácter personal, remitiendo a la regulación contenida en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

En cuanto a las líneas de telefonía móvil contratadas mediante la modalidad de prepago, se establece, como obligación de los operadores que comercialicen dicho servicio, la llevanza de un registro con la identidad de los compradores.

No obstante, por lo que se refiere a las tarjetas adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, los operadores dispondrán de un plazo de dos años para cumplir con las obligaciones de identificar a los usuarios de las mismas.

Transcurrido el aludido plazo de dos años, los operadores vendrán obligados a anular o a desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido identificar a sus usuarios.

La Ley da un período de seis meses para que las operadoras puedan adaptarse a su contenido.

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