La Comisión Nacional de Competencia abre expediente a las operadoras de telefonía móvil.

La Comisión Nacional de Competencia, CNC ha abierto expediente sancionador contra las operadoras Movistar, Vodafone y Orange por presunta infracción de las normas de la competencia por la subida coordinada de sus tarifas en marzo.

La nota de la Comisión sobre el expediente 2759/07 dice: a finales de enero de 2007 los tres principales operadores de telefonía móvil en España anunciaron que, con el fin de adaptarse a lo dispuesto sobre la práctica del redondeo en la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, modificarían sus tarifas a partir del 1 de marzo de 2007.

En concreto, las modificaciones consistieron en sustituir el sistema de facturación por tramos de uno o medio minuto por otro de facturación por segundos desde el inicio de la llamada, en elevar el coste de establecimiento de llamada de 12 a 15 céntimos de euro, y en modificar la tarifa en función del tiempo de la llamada.

Ante la similitud de las anunciadas subidas de tarifas y la sucesión en el tiempo de tales anuncios, el 31 de enero la Dirección General de Defensa de la Competencia inició un trámite, denominado de información reservada con el fin de determinar la concurrencia de circunstancias que justificasen, en su caso, la apertura de un expediente sancionador.

Posteriormente se recibieron en la Dirección General escritos de diferentes asociaciones de consumidores en los que denunciaban los hechos descritos en los párrafos anteriores por encontrarlos constitutivos de delito según las normativas española y europea de defensa de la competencia.

Por fin, el pasado 9 de octubre la Dirección General de Defensa de la Competencia acordó abrir expediente sancionador contra aquéllas tres operadoras por haber encontrado indicios de la posible comisión por ellas de prácticas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que “prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional (…)”.

Se abre ahora un plazo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. En esa resolución el Consejo dictaminará sobre si la infracción ha resultado o no acreditada y, en el caso de que encontrara que sí ha resultado acreditada, impondría las sanciones correspondientes. Como en el marco de la Ley anterior de 1989, el importe máximo de las sanciones que pueden imponerse a las empresas infractoras de la normativa de competencia es del 10% de su facturación anual.

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