Comprar por Internet, cuestión de confianza.

La Eurocámara ha apoyado reforzar la confianza de los consumidores en Internet. En un informe aprobado recientemente, aboga por estimular la confianza de los consumidores en el entorno digital. El texto aboga por crear una Carta Europea de Derechos de los Usuarios de Internet y pide que se cree una marca de confianza europea para garantizar la seguridad en el comercio electrónico transfronterizo. Además, los diputados abogan por introducir una base de datos que registre actividades fraudulentas en la red.

A pesar de la creciente implantación de Internet en Europa, el número de ciudadanos que se deciden a realizar alguna compra en sitios web de otro Estado miembro sigue siendo escaso: sólo el seis por ciento de las compras “online”. Este dato indica la existencia de una barrera a las posibilidades de los consumidores en el inmenso mercado de la red; los compradores electrónicos no sacan todo el partido del mercado interno comunitario.

La incertidumbre legal que plantea a los consumidores la compra por Internet en otro Estado miembro es una de las principales causas de desconfianza. ¿Dónde reclamo si el producto tiene algún defecto? ¿Es seguro un pago internacional en la red? son algunas de las dudas que surgen. Para intentar resolverlas, el Parlamento Europeo en el informe, redactado por la eurodiputada checa del Partido Popular Europeo, Zuzana Roithová, indica las actuaciones que deben estimular la confianza de los consumidores en el comercio electrónico. El texto recomienda que la Unión Europea financie campañas informativas con el fin de dar a conocer los derechos tanto de los compradores como de las empresas en el mercado emergente de la red, y aboga por la creación de un sistema de alerta temprana para la prevención de fraudes.

La ponente alertó durante el debate del informe por el Pleno de la Cámara de que el consumidor está obligado por una serie de cláusulas digitales que aceptó mediante un simple ‘click’ pero que en la mayoría de los casos no leyó, por lo que no es consciente de que en muchas ocasiones contienen supuestos injustos y malintencionados.

Con el fin de estimular la confianza del consumidor, el texto aboga por la obligatoriedad de auditorias externas para algunos servicios electrónicos específicos para los que exista un interés especial en su plena seguridad y en la protección de información y datos personales. Además, los diputados se muestran a favor de la creación de un sistema europeo de alerta rápida de actividades fraudulentas. Este sistema incluiría una base de datos en la que los usuarios podrían notificar actividades ilegales. En esta misma línea, se pide la obligatoriedad del uso de las tecnologías más seguras en las transacciones de pago y la creación de un foro de expertos europeos que presenten mejoras legislativas en este entorno.

Propone el establecimiento de una marca de confianza europea para el comercio electrónico transfronterizo que garantice un marco jurídico general. Se trataría de un sistema de bajo coste que no entraría en competencia con las marcas de calidad ya existentes y que incluiría el principio de autorregulación.

Además, el informe insta a la Comisión Europea que evalúe las experiencias realizadas con otras marcas de calidad ya existentes para preparar esta iniciativa europea de comercio electrónico transfronterizo.

El informe señala que este tipo de iniciativas son, además, beneficiosas para las pequeñas y medianas empresas, para las que pide una protección específica que fortalezca su posición en el mercado digital. Además, se busca el apoyo a proyectos destinados a mejorar el conocimiento de las empresas sobre sus obligaciones en el comercio online transfronterizo.

En cuanto a la mejora de la calidad de la legislación, el informe pide a la Comisión Europea que simplifique y normalice los requisitos relativos a la información que debe proporcionar obligatoriamente el vendedor y que incremente la transparencia de la cadena de suministro para que el consumidor conozca siempre la identidad del proveedor.

Asimismo, se pide una protección eficaz contra los ataques a la seguridad y la vida privada de los usuarios así como reforzar su protección al pagar por adelantado los servicios electrónicos.

El informe subraya la importancia de proporcionar incentivos para que las empresas ofrezcan sus servicios con carácter transfronterizo y lamenta la actual fragmentación del mercado interior.

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