Un informe pide al Estado y a las Comunidades Autónomas más colaboración en las TIC.

La Fundación Alternativas ha presentado el Informe El gobierno electrónico: servicios públicos y participación ciudadana”, de Fernando Tricas, que incide en la falta de coordinación en el área de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el desarrollo de la administración en España y que el Ministerio de Administraciones Públicas debería constituir una unidad, en colaboración con los gobiernos autonómicos y las entidades locales, para acelerar la simplificación administrativa.

El Director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray, acompañado por Emilio Ontiveros, supervisor del Laboratorio y experto sobre los temas tratados en el documento, estuvieron con el autor en la presentación del documento. Los tres hicieron hincapié en el particular momento por el que pasan las tecnologías de la información y la comunicación aplicables a las empresas, administraciones públicas y hogares, justo unos meses antes de que se apruebe por el Parlamento la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, siendo de suma importancia el “empujón” que debemos dar todos para llevar a España, desde posiciones medias en cuanto a la utilización de las TIC, a las primeras del ranking mundial.

Fernando Tricas explica lo que es y lo que debe llegar a ser un gobierno electrónico. Del gobierno electrónico depende la administración electrónica, la democracia electrónica, los espacios públicos digitales, la participación electrónica y el voto electrónico. El autor entiende que la globalización y las TIC han introducido unos cambios muy importantes en los modos de relación. La generalización del gobierno electrónico es fundamental para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones, favoreciendo así la cohesión social.

El documento analiza la perspectiva internacional y sus características. En él podemos encontrar también una serie de tablas y gráficos en los que podemos ver, entre otras cosas: el número de servicios públicos disponibles en línea, ciudadanos y empresas españolas que usan Internet, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas relacionadas por su nivel de integración en la sociedad digital, ranking de las principales ciudades españolas en el uso de TIC, presupuesto de las TIC, etc.

El autor termina haciendo una serie de propuestas que, de realizarse, servirían para dar ese empujón necesario para llevar a España al lugar que le corresponde dentro del contexto mundial. Algunas de ellas son: liderazgo público y político, acceso a banda ancha, coordinación administrativa e interconexión, colaboración con la Universidad, alfabetización digital, DNI electrónico, aprovechar nuevos canales masivos (SMS, TDT, teléfono móvil), etc.

El gobierno electrónico en España se encuentra desigualmente desarrollado: algunos servicios son de enorme éxito y reconocimiento internacional, pero todavía muchas administraciones presentan un bajísimo grado de implantación. El mayor problema radica en la falta de participación e interés de los ciudadanos, asociada a la baja penetración de Internet entre los españoles y los problemas de formación y acceso a banda ancha en nuestro país. Para mejorar en administración electrónica, van a ser necesarias acciones decididas en, al menos, en los siguientes temas que propone el autor:

  • El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, debe asumir el liderazgo, a través del Plan Avanza, del desarrollo de la administración electrónica, y sería deseable situar la responsabilidad sobre la Sociedad de la Información y el gobierno electrónico en un nivel transversal, como la Presidencia o Vicepresidencia. Todos los ayuntamientos deberían estar presentes en Internet en 2007.
  • Hay que establecer un sistema de indicadores que permita tanto una comparación con los indicadores europeos como el seguimiento de valores propios de interés en España a través de un observatorio público.
  • Hay que modificar la actual regulación y facilitar la creación de pequeñas redes inalámbricas públicas que compartan conectividad en áreas donde no existe oferta de banda ancha; y declarar el acceso a Internet en banda ancha como servicio universal.
  • Una unidad del Ministerio de Administraciones Públicas debería dedicarse, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a la simplificación administrativa. Se debe definir un conjunto de servicios e interconexiones públicas obligatorias. Este Ministerio debe incrementar su centro de intermediación de servicios dentro del esquema nacional de interoperabilidad que es urgente aprobar.
  • Es necesario más presupuesto público en administración electrónica orientado a personal, inversiones, servicios, desarrollos, estudios e investigaciones.
  • Hay que facilitar la colaboración con el sector TIC español con nuevos modos de gestión y con el establecimiento de líneas de apoyo al desarrollo de soluciones de gobierno electrónico.
  • Todo el software de propiedad pública debe ser no consuntivo y estar accesible en un repositorio de titularidad pública con capacidad para ser copiado, estudiado, modificado y redistribuido bajo la licencia pública general de la Unión Europea.
  • Hay que unificar el backoffice y conectarlo a varios canales: presencial, telefonía, Internet, móvil, PDA, sistemas de autoservicio o TDT.
  • Es urgente aprobar la LAECAP sin que pierda su concepción actual y realizar una campaña de conocimiento de los derechos que otorga a los ciudadanos y el soporte jurídico que da al gobierno electrónico. Hay que modificar la ley electoral y dar paso al voto electrónico.
  • Es importante hacer una emisión generalizada del DNI electrónico en 2007, a la par que una distribución masiva de lectores. Se debería replantear la posibilidad de usar un pin biométrico para facilitar la “usabilidad”.
  • Hay que fomentar el desarrollo de servicios de participación electrónica y software social (web 2.0) en las administraciones y desplegar experiencias e investigaciones tecnológicas y sociales relacionadas con el espacio público digital. Se debe otorgar la consideración de punto público de acceso a Internet a la cobertura wifi en espacios públicos.

El documento esta bastante estructurado y profundiza en los retos y el camino a seguir en el desarrollo de la e-administración, con la finalidad de conseguir la modernización de nuestras Administraciones y la calidad de los servicios que prestan al ciudadano, a través de un uso intensivo de las TIC y las ventajas de la Sociedad de la Información. Recomiendo su lectura.

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