Se retira el anteproyecto de Ley que permitía el bloqueo de contenidos de Internet.

En una entrada anterior comentaba la peripecias sobre el intento de incluir a última hora y por la puerta de atrás, un articulo en el proyecto de Ley de medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, sobre un procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet, con la retirada de contenidos de los usuarios al final del mismo.

Finalmente el Gobierno, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, lo retiró, pero el mismo texto volvió a resurgir días después como anteproyecto de Ley independiente en el Orden del día de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, CATSI.

Pues bien, en la citada reunión, cuando todos los asistentes a la misma esperabamos tratar sobre el contenido del anteproyecto, Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, anuncio que se abría una mesa de negociación, se retiraba el texto y se iniciaba un periodo de 2 meses para llegar a un consenso sobre su contenido.

En esta misma reunión, las Entidades de Gestión, invitadas especialmente a la reunión, comunicaron que no van a participar en la mesa de negociaciones.

La postura de ASIMELEC, que íbamos a expresar durante la reunión, de no haberse retirado el Anteproyecto, era pedir su total retirada.

El contenido de la intervención, reflejaba el sentir de nuestras empresas asociadas, los operadores y proveedores de Internet e introducía las recomendaciones del Departamento de Asuntos Legales de ASIMELEC.

Reproduzco un resumen de su contenido:

Creemos en la necesidad de garantizar los derechos de autor en Internet, pero la pretensión de que unas entidades privadas sean legitimadas para decidir sobre la licitud de contenidos, como reflejaba el texto, sin la necesaria intervención judicial, va mucho más allá de lo razonable.

El Consejo de Estado dijo literalmente, cuando informó sobre el articulo introducido a última hora en la Ley de medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que no puede darse por bueno el contenido que actualmente figura en el anteproyecto, y lamentablemente, con algunos cambios a peor, el texto del Anteproyecto de Ley que hoy se presenta, es el mismo que examinó el Consejo de Estado. El texto que se propone, a nuestro juicio es inconstitucional, aparte de que impone a nuestras empresas unas misión que creemos no debemos asumir, como es la retirada de contenidos sin la debida tutela judicial y, unos costes añadidos no compartidos por la entidades privadas beneficiadas por este anteproyecto, las entidades de gestión, Por esto y por otros motivos que incluiremos en las alegaciones, solicitamos la retirada de este proyecto.

El lenguaje del Anteproyecto es inadecuado. La reiterada expresión sobre el “presunto infractor” y otras análogas -“presunción” derivada, al parecer, de la mera denuncia de las Gestoras- supone echar en saco roto lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Constitución, que establece claramente el principio de “presunción de inocencia” y ni siquiera lo limita al ámbito del proceso penal.

En este texto, no es necesario -salvo en el caso del P2P- la necesidad de acreditar haber instado diligencias preliminares ante la Autoridad Judicial. El procedimiento de notificación, que puede redundar en el cierre forzoso de una web, sin que se pronuncie la Autoridad Judicial, supone literalmente interferir la actuación del Poder Judicial, en su potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, con la correspondiente infracción del artículo 117.3 de la Constitución. El cierre -llámese bloqueo, deshabilitación de acceso, o como se quiera- de la página puede producirse por las bravas, completamente al margen de cualquier procedimiento judicial.

Imaginemos -por chocante que parezca es exactamente lo mismo-, que si un ciudadano considera que otro le debe dinero, pudiera instar un procedimiento similar a través del banco donde el ciudadano “presuntamente deudor” tiene cuentas de ahorro, y si dicho ciudadano supuestamente deudor no manifiesta oposición, el ciudadano supuestamente acreedor pudiera instar al banco a bloquear la correspondiente suma y ponerla a su disposición. La única diferencia es el derecho fundamental vulnerado; en el supuesto imaginario es la propiedad y en el que se pretende regular legalmente, la propiedad intelectual.

Se vulnera, claramente, el principio constitucional de igualdad de los españoles ante la Ley (artículo 14 de la Constitución) y que se provoca la indefensión de una parte frente a otra.

En todo el procedimiento del nuevo texto se reducen los plazos con respecto a la redacción del artículo 17 bis presente en el Anteproyecto de LISI que examinó el Consejo de Estado. Por lo que, las pocas diferencias de redacción de este texto, tienden más a empeorar el precepto, que a mejorarlo.

La redacción del apartado 6, obliga a nuestras empresas a cerrar o bloquear páginas web, al margen de una decisión de la Autoridad constitucionalmente competente (la Judicial) o de cualquier otra. Sencillamente actuaríamos por orden de las Gestoras y en tal sentido, para que ello quedase completamente claro, de seguir adelante, a pesar de todo este texto, solicitamos sustituir la palabra “instar” por la voz “ordenar”. Pese a todo si hay fallos en la comunicación electrónica imputables al sistema del ISP, éste podría incurrir en responsabilidad, lo que no es justo, toda vez que actúa en beneficio de las Gestoras. Por ello, si pese a todo, repito, se decide seguir adelante con el Anteproyecto, habría que añadir al final de este apartado 6: El prestador de servicios no incurrirá en ningún tipo de responsabilidad, salvo que actuara con dolo o negligencia grave.

Nos preocupan los costes económicos y organizativos de este anteproyecto, aún suponiendo, que es mucho suponer, que no se use indiscriminadamente. En este sentido el Consejo de Estado recomendaba en su informe. “El costo económico de la implementación de estas medidas por los prestadores de servicios debería ser más equilibrado, estableciéndose obligaciones y responsabilidades recíprocas, que compensen los gastos en los casos en los que las alarmas se hayan puesto en marcha sin éxito. Podrían incluso preverse reintegros o beneficios que debe percibir el proveedor de servicios por prestar al titular de la propiedad intelectual estos servicios adicionales.”

En la Directiva Europea (2000/31/CE), es claro que se tiende a fomentar los códigos de conducta, mediante acuerdos voluntarios entre todas las partes implicadas.

En las negociaciones en pro de un acuerdo voluntario entre Entidades de Gestión y las Asociaciones representantes de los Operadores y Proveedores de Internet, abiertas en el marco de la Comisión Antipiratería. No creo que las empresas de telecomunicaciones tengan que asumir, en ningún caso, la retirada de contenidos de Internet y, como ya se habíamos reiterado en las negociaciones en pro de un acuerdo voluntario entre Entidades de Gestión y las Asociaciones de los Operadores y Proveedores de Internet, abiertas en el marco de la Comisión Antipiratería, limitarse a trasladar a sus clientes, las notificaciones que le envíen las Entidades de Gestión en donde les comuniquen la presunta violación de los derechos de propiedad intelectual.

Es de lamentar que en estas conversaciones, donde nuestro sector tendió la mano con muchas y positivas propuestas, proporcionadas y lógicas, no se haya podido llegar a ningún acuerdo. Pero no me extraña cuando de unas negociaciones se pretende conseguir por parte de las Entidades de Gestión, el 100 % de las reivindicaciones, desde una posición de imposición, y si no se puede, se intenta imponer con textos como este.

Las asociaciones del Sector TIC, aportaron en las conversaciones, iniciativas como: realizar campañas de concienciación, introducir avisos en sus páginas web y cláusulas específicas en los contratos, etc. También solicitaron el esfuerzo necesario para que se publicaran en Internet, el máximo posible de productos culturales, asequibles para los usuarios. Pero en su propuesta nunca estaba, por razones obvias, retirar los servicios de sus clientes, sin las garantías jurídicas necesarias.

Para finalizar, reiteramos nuestra petición de retirada del anteproyecto, pensamos que no es oportuno ni conveniente, y sólo refleja las expectativas y los intereses de unas entidades privadas, como son las Entidades de Gestión. En las alegaciones detallaremos los motivos de nuestra clara y rotunda oposición.

 

Entradas anteriores relacionadas sobre este mismo tema:

El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. 13/04/07

Sobre el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. 29/12/2006

Anteproyecto de la ley de impulso de la Sociedad de la Información (LISI). 10/10/2006.

La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información en el Consejo de Ministros. 17/11/2006.

 

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