Sobre el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información.

El Anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información ha pasado el tramite de consulta al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, CATSI, el último texto ha introducido evidentes mejoras en su articulado en relación al publicado anteriormente por el Ministerio de Industria en la fase de Consulta Pública. Sin duda en su conjunto, es un paso positivo para el impulso de la Sociedad de la Información en España.

Este anteproyecto de Ley se enmarca dentro del Plan Avanza que prevé entre sus medidas la adopción de una serie de iniciativas normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y para garantizar los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información.

Introduce modificaciones en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, LSSI-CE:

  • Revisa o elimina obligaciones excesivas o innecesarias, y flexibiliza las obligaciones referidas a las comunicaciones comerciales y a la contratación electrónica, adecuándolas a la aplicación en dispositivos móviles.
  • Se suprime la obligación sobre constancia registral de los nombres de dominio.
  • Establece la obligación de los proveedores de acceso a Internet a informar a sus usuarios sobre los medios técnicos que permitan: la protección frente a virus informáticos y programas espía, la restricción de los correos electrónicos no solicitados, y la selección del acceso a determinados contenidos y servicios ilícitos o nocivos para la juventud y la infancia.
  • Se reforman las obligaciones de información previa en materia de contratación electrónica
  • Se reforma las medidas de restricción sobre servicios de la sociedad de la información realizables por “órganos competentes”, que ampliaremos más adelante.

En relación con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, se incluyen modificaciones que tienen por objeto clarificar las reglas de valoración de la firma electrónica en juicio y flexibilizar la obligación de los prestadores de servicios de certificación de comprobar los datos inscritos en registros públicos a fin de eliminar cargas excesivas.

Este anteproyecto también introduce una serie de innovaciones normativas en materia de facturación electrónica y el uso de medios electrónicos en todas las fases de los procesos de contratación. Garantiza una interlocución electrónica de los usuarios y consumidores con las empresas que presten determinados servicios de especial relevancia económica, y fortalece los derechos de los usuarios y consumidores frente a los proveedores de servicios o redes de comunicaciones electrónicas.

Sin duda la parte que más polémica a suscitado, quizá por la sensibilidad que el tema produce, ha sido el contenido del art. 11 del Anteproyecto, que reproduzco para su conocimiento y valoración:

Artículo 11. Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación.

1. Cuando un órgano jurisdiccional o administrativo hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.

2. Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, el órgano jurisdiccional o administrativo competente estimara necesario impedir el acceso desde España a los mismos, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores de servicios de intermediación que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.

3. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo.

4. Las medidas a que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación procesal que corresponda.

Desde ASIMELEC hemos hecho llegar al CATSI, la postura que hemos mantenido en reiteradas ocasiones, Internet debe regularse por las mismas normas legales que la vida real. Le hemos trasladado nuestra preocupación por el temor, de que el texto tal como esta redactado, pueda traer inseguridad jurídica a las empresas del sector, al mantenerse un riesgo cierto de administrativización de competencias que, en España, la Constitución reserva en exclusiva al Poder Judicial.

Javier Prenafeta pública en su blog una entrada con el animo de centrar el debate abierto y contesta a los que quizá bajo la influencia de experiencias anteriores, han mantenido una posición de rechazo a este texto, considerándole una amenaza a la libertad de expresión.

Tras publicar el texto del art.11, escribe en relación a los puntos 3 y 4: “Supongo que estos puntos tampoco tienen demasiada importancia y son palabrería, porque las voces alarmistas que se rasgan las vestiduras con esos recortes en los derechos fundamentales que se supone trae la reforma no los mencionan”.

“El caso es que estas posiciones desconocen totalmente las competencias de la Administración y cuándo realmente interviene un Juez. Actualmente, incluso sin que se llegue a aprobar dicha reforma, hay órganos administrativos que pueden evitar la comercialización de determinados medicamentos, prohibir la práctica de juegos o apuestas, o el transporte sin la preceptiva licencia. Como lo oyen. Hay muchas actividades reguladas que permiten ese control por parte de la Administración, para lo cuál podría ser necesario también el bloqueo de un sitio web. Esto no es otra cosa que trasladar las reglas del mundo físico al digital. Y si no estamos de acuerdo, podemos impugnar la decisión del órgano administrativo e incluso acudir a la vía judicial”.

“Claramente se establece que cuando estén en juego determinados derechos, sólo el Juez podrá adoptar estas medidas. Así que no, a priori no hay censura, ni ataques contra la libertad de expresión, ni lesión de nuestros derechos constitucionales. Esta norma no altera el sistema actual, sino que lo dota de mecanismos para lograr su efectividad. Otra cosa será que se aplique mal, pero esto puede pasar en cualquier ámbito, no es exclusivo de Internet”.

Entradas relacionadas sobre este mismo tema:

Se retira el anteproyecto de Ley que permitía el bloqueo de contenidos de Internet. 29/04/2007

El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. 13/04/07

Anteproyecto de la ley de impulso de la Sociedad de la Información (LISI). 10/10/2006.

La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información en el Consejo de Ministros. 17/11/2006.

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