Anteproyecto de Ley de Conservación de Datos (LCD).

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones e Internet de ASIMELEC, he tenido un encuentro con la prensa para hacerles llegar la postura de las empresas del Sector de Telecomunicaciones en relación al Anteproyecto de Ley de Conservación de Datos, relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de telecomunicaciones (LCD).

Días atrás, ASIMELEC remitió al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (CATSI), una carta con las alegaciones que reflejan nuestra posición.

La Asociación manifiesta en su informe de acuerdo con la finalidad que plantea el anteproyecto, contribuir a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, incidiendo en la importancia de la creación de un Fondo Nacional en el Ministerio de Industria que ayude a financiar la ejecución de la ley mediante subvención pública de los gastos que deberán de asumirse para el cumplimiento de esta Ley.

Este anteproyecto de ley elaborado conjuntamente por los Ministerios del Interior, Justicia e Industria, tiene su origen en la necesidad de transponer al Derecho interno de España la Directiva Comunitaria 2006/24/CE del 15 de marzo, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público y de redes públicas de comunicaciones, por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, reguladora, con carácter general de la protección de la intimidad y de los datos personales en el ámbito de las comunicaciones electrónicas.

“En general, lo que se regula, en coherencia con la Directiva, es la obligación de los operadores de telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos y tenerlos a disposición de los Agentes Facultados, pero hemos querido incidir en algunos detalles de forma y fondo como la importancia de que para este procedimiento sea siempre necesario el soporte de una autorización judicial,por otra parte, también hemos señalado la importancia de que este anteproyecto sea informado preceptivamente por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), puesto que afecta a múltiples materias objeto de su competencia”

“Sin embargo, puesto que la implantación de estas medidas conllevan muchas dificultades técnicas, complejas en algunos casos, y costosas por los medios que hay que activar para llevarlas a cabo, van a suponer otro coste añadido a un sector con un pasado lleno de dificultades económicas, al que se le pide ser el motor de la Sociedad de la Información, acometer la financiación del servicio universal, invertir en infraestructuras y en nuevas tecnologías, rebajar permanentemente las tarifas, etc. Un sector que genera riqueza externa, pero que sin embargo sufre una elevada presión fiscal, concretamente el doble de la de otros sectores productivos, por ello, la principal solicitud de ASIMELEC es la creación de un Fondo Nacional en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que ayude a sufragar a la industria el elevado coste que supondrá el cumplimiento de esta ley”.

Constitucionalidad del fondo

En líneas generales, ASIMELEC considera que tanto el fondo de la Directiva, al igual que el del Anteproyecto de Ley de Conservación de Datos (LCD) es consonante con la Constitución Española, puesto que pone especial énfasis tanto en la necesidad de autorización judicial para recabar tales datos, como en el hecho de que se evita que se registre y conserve el contenido de la comunicación. No obstante, la Asociación considera que se debería de evitar cualquier sombra de duda respecto a que el Agente de la Autoridad que recabe este tipo de datos sea siempre un Agente Autorizado por un órgano jurisdiccional. Para ello, recomienda la introducción de un nuevo párrafo 3 al artículo 6 LCD, en el que se especifique que el Agente de la Autoridad entregará siempre al operador copia de la resolución judicial en el que se fundamente el requerimiento.

Colaboración en doble sentido

ASIMELEC considera que la colaboración que debe darse entre el Estado y los operadores de comunicaciones, es razonable sea en doble sentido, por lo que no se puede dejar a las exclusivas expensas de los operadores, el cumplimiento de la Ley. Por lo que la Asociación considera que debiera introducirse una Disposición Adicional con la siguiente propuesta. La creación de un Fondo Nacional de Ayuda a la Conservación de Datos de las Comunicaciones Electrónicas, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través del cual el Estado colaborará, mediante convocatoria pública de subvenciones, los gastos que deban asumir los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley. A tal efecto el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo recabará de las asociaciones sectoriales de los sujetos obligados, una estimación sobre el montante global de los gastos, para efectuar una propuesta de dotación del Fondo al Ministerio de Economía y Hacienda, que, en función del momento en que hayan de realizarse los gastos, incluirá la dotación del Fondo en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado o promoverá la aprobación de un crédito extraordinario.

Reducción de los plazos de conservación y entrega de datos

En el criterio de ASIMELEC, la ampliación del plazo de conservación de datos -sobre todo habida cuenta de que afecta a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas-, no debiera quedar a la absoluta discrecionalidad del Gobierno, sino que habría de estar rigurosamente justificada, por lo que propone la siguiente una redacción modificada del apartado 2 de la Disposición Final Tercera: “Con carácter específico el Gobierno, mediante Real Decreto, y tomando en consideración el coste del almacenamiento y conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de investigación, detección y enjuiciamiento de los delitos, podrá, previa consulta a los operadores, reducir el plazo de conservación, para cada tipo o categoría de datos hasta un mínimo de seis meses. Por razones extraordinarias de interés público, debidamente motivadas, podrá ampliarlo hasta un máximo de 24 meses”.

En relación con la forma y plazos de ejecución de las órdenes de cesión de datos, es de todo punto razonable que el artículo 7.3 LCD establezca que el plazo de ejecución de la orden de cesión sea el fijado en la autorización judicial; pero propone a fin de evitar que una entrega inadecuada de la orden -o lo que es lo mismo, un deficiente procedimiento de comunicación-, pudiera hacer incurrir al sujeto obligado en una responsabilidad que podría evitarse, al menos si se establece un sistema adecuado de comunicación de la orden. Así ASIMELEC propone: “La cesión deberá efectuarse en el plazo de tres días, excluidos los festivos, a contar desde el día siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden. No obstante, en la autorización judicial se podrá fijar un plazo distinto, atendiendo a la naturaleza y complejidad técnica de la operación que, en ningún caso será inferior a un día”.

En cuanto a la disposición más problemática para el Sector de las Comunicaciones Electrónicas, se halla la de la obligación de efectuar la cesión de datos en dos formatos electrónicos distintos, según convenga al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa. Pues según ASIMELEC, parece lógico que el formato sea único y se establezca en una Orden Ministerial conjunta, oídas las Asociaciones Sectoriales más representativas de los sujetos obligados.

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