Anteproyecto de la ley de impulso de la Sociedad de la Información (LISI).

 

Desde ASIMELEC hemos hecho llegar al Ministerio de Industria nuestra opinión sobre el Anteproyecto de la ley de impulso de la Sociedad de la Información (LISI). La Asesoría Jurídica de la Asociación y las empresas de las Comisiones de Telecomunicaciones e Internet, Telefonía Móvil y el Grupo de Proveedores de Servicios de Certificación elaboraron un amplio documento examinando el texto de la Ley.

Entre las principales conclusiones se encuentran:

El borrador de anteproyecto de Ley de la Sociedad de la Información es muy positivo en la inmensa mayoría de sus puntos, por lo que cuenta con el apoyo decidido de ASIMELEC.

La intervención administrativa en la libre prestación de servicios de la sociedad de la información, en caso de ser en algún supuesto admisible, debe considerarse excepcional, por lo que las referencias a las órdenes de “un órgano jurisdiccional o administrativo” contra lo que se quiere evitar, no dejan de ser referencias al “órgano competente” de la vigente redacción de la LSSICE. La expresión correcta -y reiterada casi como cláusula de estilo- debiera ser “un órgano jurisdiccional o excepcionalmente administrativo”, acompañada de un párrafo en la Exposición de Motivos de la Ley, que aclarase las razones de dicha excepcionalidad, así como la interpretación restrictiva de la intervención de órganos administrativos en una materia demasiado vinculada a las libertades de expresión y de información, que pertenece a la exclusiva competencia del Poder Judicial (artículo 20.5 CE).

Por lo que se refiere a las nuevas obligaciones de información sobre seguridad, ASIMELEC, llama la atención sobre el hecho de que no cumplir con esta obligación de información es, como mínimo, una negligencia, por lo que si de ello se derivasen daños y perjuicios para el usuario, éste podría reclamar la correspondiente indemnización al prestador de servicios de acceso a Internet. En consecuencia, es conveniente que los proveedores de servicios de acceso a Internet incluyan en su website lo antes posible, este tipo de informaciones de seguridad y de forma inexcusable cuando se apruebe el reglamento al que la LISI se refiere.

En las comunicaciones comerciales, la palabra publicidad, que debía aparecer al principio del correo electrónico o forma de comunicación equivalente, puede sustituirse por la abreviatura PUBLI.

En cuanto a las obligaciones de información al consumidor, previas a la contratación electrónica, se entienden cumplidas si el prestador incluye dicha información en su website y sobre todo y lo más importante, el artículo establece que cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entenderá cumplida la obligación establecida en esta apartado cuando facilite de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información es puesta a disposición del destinatario.

En el borrador de LISI existen correcciones técnicas al párrafo 8 del artículo 3 LFE, relativo a la impugnación en juicio de la firma reconocida; es decir, de aquella firma electrónica plenamente equivalente a la firma manuscrita. A juicio de ASIMELEC, ni una ni otra redacción son acertadas, puesto que al establecer ambas que el juzgador verifique de una manera exhaustiva el cumplimiento de los requisitos legales inherentes a la firma reconocida -que están plagados de conceptos jurídicos indeterminados-, en la práctica se destruye la equivalencia a todos los efectos, incluidos los procesales, entre la firma electrónica reconocida y la firma manuscrita, debido a la dificultad de la prueba de esta última. Por eso se propone una redacción alternativa del artículo 3.8 LFE:

El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare en juicio la autenticidad de un documento electrónico firmado con firma electrónica reconocida, el juzgador valorará especialmente que Entidades de Certificación reconocidas con arreglo a la ley de firma electrónica hayan certificado, a través de procedimientos voluntarios, los requisitos legales de dicha firma reconocida, sustancialmente los relativos al certificado reconocido, tanto los exigibles al prestador como al propio certificado, así como los relativos al dispositivo seguro de creación de firma.

En cuanto a la firma electrónica de las personas jurídicas, no se modifica -y habría que modificar- el artículo 7 LFE. El problema del artículo 7 LFE en su redacción vigente, es que los apartados 2, 3 y 4 son potencialmente muy problemáticos porque alteran, con criterios incorrectos que se detallan en el cuerpo de este escrito, principios básicos de la responsabilidad patrimonial del ordenamiento jurídico español y en general de los ordenamientos europeos continentales.

Innovaciones legislativas en facturación electrónica y contratación. Este aspecto, como todos los demás de la LISI es, en términos generales muy positivo, por lo que aquí corresponde solamente señalar cuestiones complementarias, como la propuesta de habilitar directamente al Gobierno, para el desarrollo reglamentario de esta materia. Para ello bastaría con que la LISI abriera las puertas a la facturación y contratación electrónicas, en todos los ámbitos, mediante una disposición del siguiente -o parecido- tenor:

Se habilita al Gobierno para adaptar técnicamente las disposiciones vigentes sobre facturación y contratación, tanto las relativas al sector público como al sector privado, a las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de facturación electrónica y de contratación telemática, respetando en todo caso el principio de neutralidad tecnológica.

En relación con las innovaciones legislativas, en cuanto a la obligación de disponer de un medio de interlocución electrónica para la prestación de servicios al público de especial trascendencia económica, de nuevo hay que alabar la iniciativa; pero también corresponde decir que si los medios de interlocución electrónica pasan a ser obligatorios para las más importantes empresas de la Nación, queda demasiado en evidencia que no lo sea para la propia Administración Pública. De no actuarse así nos vamos a encontrar con la paradoja, el auténtico contrasentido de que más y más ciudadanos van a disponer del nuevo DNI digital, cuyo certificado de firma electrónica no va a ser reconocido en todos los casos por la propia Administración que lo expide.

Entradas relacionadas sobre este mismo tema:

Se retira el anteproyecto de Ley que permitía el bloqueo de contenidos de Internet. 29/04/2007

El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. 13/04/07

Sobre el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. 29/12/2006

La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información en el Consejo de Ministros. 17/11/2006.

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